En materia de rendición de cuentas y transparencia de la información gubernamental, el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha generado una iniciativa de ley que por ser considerada preferente en términos de una reforma constitucional de cuño reciente, obliga al Congreso de la Unión a dictaminarla y resolverla en sesenta días.
La iniciativa presidencial focaliza un punto neurálgico del problema, que de acuerdo al diagnóstico de Calderón deriva de la fragmentación producto de la diversidad de sistemas contables de estados y municipios que existe en nuestro país, cuya dispersión ha dado la oportunidad de eludir los órganos de control, a los gobernadores y alcaldes que gustan de gobernar en la opacidad.
La iniciativa de Calderón cuyo comentario nos ocupa vendría a ser complemento de la denominada Ley General de Contabilidad Gubernamental iniciada en sus días por el aún titular del Poder Ejecutivo, publicada el 3 de diciembre de 2008, que mandó uniformar los sistemas de contabilidad de los entes públicos en los tres niveles de gobierno, a fin de cerrar espacios al ocultamiento que propicia el imperio de sistemas diversos y hacer asequible la información a nivel masivo a través de los medios de comunicación incluida la Internet, para facilitar su divulgación y análisis a nivel del ciudadano medio.
De acuerdo al libro cuya autoría se atribuye a Enrique Peña Nieto, "México la Gran Esperanza" (página 54), el diagnóstico del presidente electo coincide con la de Calderón Hinojosa sin embargo, según bien denuncia la organización cívica "México Infórmate", en la propuesta que sobre el particular Peña Nieto ha puesto en manos de los senadores de su partido, la iniciativa peñista lejos de fortalecer el sistema de rendición de cuentas genera más burocracia y aumenta el control del Ejecutivo sobre la información, y por añadido crea un recurso de controversia ante la Suprema Corte de Justicia, que tiende a mantener en reserva la información que así convenga al presidente de la República en turno.
Hasta ahora la transparencia ha sido eludida en forma sistemática por los gobiernos estatales y municipales priistas, que durante los últimos dos sexenios han dispuesto a placer de recursos derivados de los recursos extraordinarios obtenidos del petróleo, que no obstante significar los mayores ingresos de todos los tiempos para los gobiernos locales, han resultado insuficientes para satisfacer ambiciones políticas, pues como lo señala la calificadora de riesgos financieros Moody's, existe "una misteriosa correlación" entre los ciclos electorales y la presión sobre el gasto público.
Aunque abundan los ejemplos al respecto, la cita del caso Coahuila en el tema referido resulta obligada, por ser por mucho el estado que tiene la mayor deuda por número de habitantes, cuatro veces mayor que el promedio nacional.
Lo anterior se explica por tratarse de una entidad federativa que padece un régimen de oprobio, que ha dedicado los recursos públicos disponibles y los obtenidos en virtud de la enorme deuda que pesa sobre las espaldas de los coahuilenses, al propósito de financiar una increíble sucesión entre hermanos consanguíneos en el Poder Ejecutivo Estatal, Humberto y Rubén Moreira, y en su momento para encumbrar al primero de ellos en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, como parte del impulso de dicho partido en la carrera presidencial.
Correspondiendo al deseo de aparentar un compromiso con la modernidad, el gobernador Rubén Moreira ha enviado su propia iniciativa de ley de transparencia a nivel Estado, que con independencia de lo que pueda implicar en términos de propuesta, dados los antecedentes del actual gobierno y su precedente familiar inmediato, carece de los elementos que puedan ofrecer credibilidad a los gobernados.
No es posible conceder siquiera el beneficio de la duda en términos de transparencia y rendición de cuentas a un gobierno como el de Rubén Moreira, mientras no dé a conocer a satisfacción de la ciudadanía el destino de los recursos producto del endeudamiento durante la gestión de su hermano Humberto, y lleve a las tribunales a los responsables que hasta ahora permanecen impunes.
