El 21 de marzo. El SATEC, ahora Administración Fiscal General, promovió la polémica queja.
Luego de que el juez de Distrito II pidiera al Gobierno del Estado los documentos que avalan en qué se invirtieron los recursos de la deuda coahuilense, el Gobierno promovió una queja ante el Tribunal Colegiado, por lo que los Juicios de Amparos no han avanzado desde el 21 de marzo.
El abogado del Partido Acción Nacional (PAN), Reyes Flores Hurtado, dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) ahora Administración Fiscal General (AFG), promovió una queja el 21 de marzo en contra de la petición de documentos que avalen en qué se invirtió la deuda coahuilense de más de 35 mil millones de pesos.
Entre los argumentos que presentaron destacan dos. El primero indica que la petición de documentos es muy general, por lo que piden que se precise qué contratos y número de cheques se deben de anexar en el juicio.
Sin embargo, el abogado Reyes Flores declara que es imposible ser específicos, ya que el Gobierno Estatal nunca ha dado a conocer las obras o programas en que se invirtieron los recursos.
"Ellos (Gobierno del Estado), preguntan cuáles documentos se requieren en el Juicio de Amparo, pero cómo vamos a pedir algo que desconocemos, por eso lo que queremos es que nos prueben la inversión que se realizó con la deuda, a través de los contratos y los cheques", aseveró Reyes Flores.
El segundo argumento que presentan es que no cuentan con los documentos que avalan la inversión de la deuda debido a que los entregaron a la Fiscalía General del Estado para que se integraran en la investigación que realizan.
Reyes Flores calificó como "absurda" la justificación e indicó que sólo tiene el objetivo de retrasar el Juicio de Amparo hasta después de las elecciones presidenciales.
"Los justificaciones que presentan son absurdas porque su propósito es retrasar lo más que se pueda el proceso y con ello queda evidente es que es un Gobierno opaco", indicó Flores Hurtado.
Asimismo, comentó que la nueva administración actúa de manera incongruente, ya que ha anunciado que impulsará reformas a la Ley de Transparencia al mismo tiempo que se niega a publicar los documentos que prueban en qué se invirtieron los recursos de la administración pasada.
