La revisión de las instalaciones de la Cámara de Diputados tras el escándalo de espionaje detonado en enero pasado en San Lázaro costó al erario dos millones 88 mil pesos, monto cobrado por la empresa Security Network Systems.
La firma regiomontana, que tiene entre sus clientes al Estado Mayor Presidencial, Petróleos Mexicanos (Pemex), Grupo Vitro y el gobierno de Puebla, fue la responsable de prestar asesoría a los legisladores para la revisión de las oficinas legislativas y administrativas de los diputados.
Casi cuatro meses después del supuesto espionaje, y sin resultados de por medio pues las investigaciones siguen en curso en la Procuraduría General de la República (PGR), se conocieron detalles de la empresa, el monto y condiciones de contratación.
El contrato fue asignado mediante adjudicación directa por tratarse de información sensible de la Cámara de Diputados; por lo mismo, requirió el pago casi de inmediato y sin fianza de garantía de cumplimiento de obligaciones.
También por esa razón se convino “secrecía”. Los informes y soportes documentales generados, "por considerarse de carácter confidencial e interés reservado, y de seguridad nacional, están bajo resguardo de la Presidencia de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política", según pactó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en reunión extraordinaria del 30 de enero de este año.
Mensaje político
Al principio de la sesión ordinaria de este día, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron desde sus curules al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo -cuyo periodo al frente de ese órgano concluye el próximo lunes 30- un informe de los resultados y el gasto ejercido.
Acosta pidió a la Jucopo incluir el tema en la orden dl día de la sesión de mañana, pero deslizó: "entiendo el mensaje político", por lo que se dijo dispuesto a informar a detalle el gasto y los resultados obtenidos.
