El procurador General de Justicia del estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, dio a conocer que un juez federal determinó revocar las órdenes de aprehensión en contra de dos ex funcionarios del gobierno del estado durante la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, acusados de peculado.
El juez Tercero de lo Penal del Distrito del Centro de Oaxaca revocó las ordenes de aprehensión en contra de la ex coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Juana Soledad Rojas Walls y del ex jefe de la Unidad Administrativa de la misma dependencia, Jorge Efrén Rojas Hernández.
Esto debido a que el juez Segundo de Distrito otorgó un amparo a estos dos ex servidores públicos bajo el argumento de que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental incumplió algunos requisitos de procedimiento establecidos en la legislación penal de Oaxaca.
Para dar cumplimiento al mandato del juez, "la propia Procuraduría de Justicia del Estado debió solicitar la revocación de las órdenes de aprehensión en contra de esos dos ex funcionarios pero no para el subsecretario de finanzas, Fernando González García; el ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y el ex Coordinador de Comunicación Social, Raúl Castellanos, cuyas querellas se encuentran en el mismo expediente, pero que no fueron sujetos con el amparo", dijo a la prensa López López.
Sin embargo, aclaró que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental tiene la posibilidad jurídica de rectificar algunos aspectos de denuncia penal y de esta manera, si lo considera necesario, presentar nuevamente la querella para que en su momento se ejerza acción penal en su contra.
Estos ex servidores públicos eran buscados por la policía e incluso por la Interpool, porque el Juez Tercero de lo Penal libró en su contra ordenes de aprehensión por delitos como peculado, abuso de confianza, falsificación de documentos, entre otros.
Sin embargo, como resultado de la intervención de sus abogados, el Juez Segundo de Distrito, el 17 de abril, ordenó revocar las órdenes de aprehensión, en contra de esos ex funcionarios.
López López dijo que "la revocación de las ordenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios, no fue de mutuo propio. La puede subsanar la Contraloría y puede volver a presentar querella, para volver ejercer acción penal".
Ante la orden del juez federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, solicitó al Juez Tercero de lo Penal con sede en la ciudad de Oaxaca, que revocara las ordenes de aprehensión, por lo que no se trató de "una petición de mutuo propio", insistió.
El juez federal argumentó su decisión al analizar elementos de forma, pues no llegó a revisar el asunto de fondo, por lo que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental tiene la opción de revisar esos requisitos de forma, por lo que no se trata de "un caso cerrado".
La orden judicial federal contempla la solicitud a la Secretaría de la Contraloría para reponer el procedimiento jurídico.
Negó que "se haya perdonado" o tenido "acuerdo político" para tratar de exonerar a ex funcionarios de la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo a declaraciones del procurador de Justicia, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en la legislación procesal penal para el estado de Oaxaca, reformada por la mayoría priísta del Congreso de Oaxaca, durante el año 2010, en los últimos meses de la administración de Ruiz Ortiz.
Con esas reformas se estableció que el delito de peculado ya no es considerado grave, ni perseguido de oficio, sino que debe ser resuelto bajo un proceso de querella.
Por ello, la Secretaría de la Contraloría, cuya titular es la abogada panista Perla Woolrich Fernández, debe interponer la querella por medio de su Dirección de Procedimiento Jurídicos y no la titular, como se hizo al denunciar el delito de peculado ante el Ministerio Público, además, se debe anexar una declaratoria de quebranto al erario estatal.
En tanto, el procurador de Justicia aclaró que una vez que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental subsane esos procedimientos podrá interponer de inmediato una nueva querella contra todos los ex funcionarios involucrados en el delito de peculado ante el Ministerio Público, como lo establece la ley.
