El contrato celebrado entre el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, en relación a la venta de agua tratada, que implicará una pérdida de un millón cuatrocientos mil pesos cada mes durante los próximos treinta años, constituye un saqueo de recursos públicos que el Congreso del Estado de Durango no debe permitir.
Según información aparecida en El Siglo de Torreón en sus ediciones de 28 de octubre y 3 de noviembre del año en curso, Sideapa pretende entregar el agua tratada a un productor agrícola por treinta años, al precio absurdo que representa la pérdida mencionada.
Se puede argumentar que la producción de agua tratada es muy poca para operar la actual planta de tratamiento de Gómez Palacio de manera rentable, o aducir cualquier otro pretexto, pero lo cierto es que el planteamiento ruinoso de referencia no tiene sentido y como tal debe ser rechazado por la Legislatura de Durango, cuya aprobación en el caso constituye un requisito legal, porque el tiempo de vigencia del pretendido contrato de venta de agua tratada, rebasa el período de la actual administración municipal.
En contra del saqueo infame en comento que amenaza con hipotecar el futuro de los gomezpalatinos, se han alzado algunas voces como la de Gabriel Villalobos Mora, síndico de ayuntamiento que preside la alcaldesa Rocío Rebollo Mendoza, partidaria y promotora del contrato cuestionado. El síndico denuncia la ilegalidad de la licitación origen del contrato ruinoso, por virtud de diversas anomalías que según el edil inconforme afectan de nulidad al proceso.
No falta quién pretenda descalificar la opinión de Villalobos Mora alegando que resulta sesgada por virtud de la conocida confrontación que mantiene con la alcaldesa, que según los defensores de Rocío deriva de que no obstante que ambos funcionarios son priistas, pertenecen a grupos que son distintos y antagónicos al interior de dicho partido. La descalificación en contra de Villalobos no es ni razonable ni fundada, porque con independencia del partido a que los personajes involucrados pertenezcan, el síndico entre sus funciones tiene las de supervisión y vigilancia del trabajo de la administración municipal y en el caso, el contrato cuya aprobación se pretende se advierte objetivamente desventajoso y perjudicial a los intereses de los ciudadanos.
Otras voces alegan que la planta tratadora de Gómez Palacio es incosteable y que deben construirse plantas vecinales que por estar proyectadas para estar dispersas en distintos puntos de la ciudad, dispondrían de más volumen de aguas negras como materia prima en relación a su tamaño y capacidad, y por ende resultarían costeables. Si tal es el caso la planta tratadora actual sería el fruto de una mala planeación que es necesario corregir para evitar que su operación se convierta en un barril sin fondo, pues no se concibe que en tiempos en que el suministro de agua potable se considera un negocio rentable en todo el mundo, Gómez Palacio sea la excepción y los gomezpalatinos tengan que pagar los platos rotos.
Si por el momento no hay manera de evitar la operación deficitaria de la planta actual, lo razonable es evitar un compromiso de tan largo plazo como el que se pretende para evitar que se convierta en una trampa, mientras se ponen en práctica alternativas costeables que permitan rectificar el rumbo en el corto plazo.
Otra opinión digna de ser escuchada por lo que de experiencia implica, es la que ofrece el exalcalde Octaviano Rendón Arce en el sentido de que el contrato no debe ser aprobado en sus términos por el Congreso de Durango, porque a su juicio el proceso de licitación está afectado de nulidad. A la objeción del exalcalde responde el director del organismo operador aventurando que Rendón Arce "no ha de conocer el proceso", lo que constituye un exabrupto inaceptable, que contamina el debate en torno de una cuestión de interés público y de gran importancia como la que nos ocupa.
Con independencia de lo que resuelva el Congreso de Durango en relación con la venta desfalco, los ciudadanos de Gómez Palacio deben reaccionar a la medida del problema, y no deben permitir el manejo arbitrario y abusivo de bienes que son propiedad de la comunidad, de los que pretenden disponer los funcionarios responsables del inadmisible saqueo.
