Procuradores generales, representantes demócratas y obispos católicos interpusieron varias mociones “Amicus Curiae” (Amigos de la Corte) ante la Suprema Corte de Justicia para sumarse a la oposición a la ley SB1070 de Arizona.
Las mociones fueron interpuestas el martes y respaldan la demanda del gobierno federal y de organizaciones de derechos civiles que impugna la ley antiinmigrante SB1070, que es defendida por Arizona, en un caso que la Suprema Corte debatirá el próximo 25 de abril.
Los procuradores generales de 11 estados, incluyendo California, Nueva York, Hawái, Massachusetts, Connecticut, Illinois, Iowa, Maryland, Oregón, Rhode Island y Vermont, se añadieron a la demanda.
Argumentaron que la lay SB1070 “choca con la política federal al enlistar a las autoridades estatales a perseguir delitos de inmigración, y erosiona las prioridades de deportación establecidas por el poder Ejecutivo”.
La moción también sostiene que “la desproporcionada persecución contra la inmigración ilegal de Arizona, afectará a otras entidades”.
"Debido a que Arizona no puede obligar al gobierno federal a remover a los residentes indocumentados, las disposiciones de la SB1070 tienen el efecto primario de la reorientación de los inmigrantes indocumentados a otros estados", indicó la moción.
También 68 representantes federales demócratas liderados por el congresista Raúl Grijalva de Arizona, interpusieron una moción “Amicus Curiae” en oposición a la SB1070, implementada parcialmente en Arizona en julio de 2010.
“No vamos a permitir que Arizona tenga su propia política exterior y no podemos permitir que Arizona tenga sus propias leyes de migración", afirmó el representante Zoe Lofregren, miembro del Subcomité de Inmigración.
La Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y varias organizaciones cristianas presentaron por su parte otra moción Amicus Curiae apoyando el principio de que el gobierno federal controla la promulgación y aplicación de las leyes de migración.
En el escrito interpuesto el martes, la USCCB sostuvo que el gobierno federal está en mejor posición para proteger las bien establecidas metas de la unidad familiar y la dignidad humana en el sistema de migración de la nación.
En la moción también se afirmó que un mosaico de leyes podría inhibir la misión de la Iglesia para servir a los inmigrantes, lo que incide en la libertad religiosa.
La Iglesia Evangélica Luterana de América, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, y el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados se sumaron a los obispos en la presentación del escrito.
Un recurso de Amicus Curiae es presentado ante una corte por un tercero que no está involucrado de manera directa en el caso, en apoyo a una de las partes que disputa un asunto legal.
El próximo 25 de abril, la Suprema Corte de Justicia revisará la solicitud de la gobernadora de Arizona, Jean Brewer, para que sea eliminada la suspensión impuesta por una jueza federal a las más importantes previsiones de la ley SB1070.
La demanda del Departamento de Justicia, la más sólida de varias que se interpusieron contra la SB1070, argumenta que esa ley viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia, además viola la Cláusula de Comercio al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.
La Corte Federal de Apelaciones en San Francisco rechazó en abril de 2011 eliminar la suspensión, al considerar como probable que proceda la demanda del gobierno federal y que se demuestre que la SB1070 es anticonstitucional.
Tras ese fallo, la gobernadora Brewer decidió acudir a la Suprema Corte de Justicia, que aceptó el caso para ser analizado el próximo 25 de abril.
Además de Arizona, otras cinco entidades como Utah, Indiana, Georgia, Carolina del Sur y Alabama, han emitido leyes estatales migratorias que podrían verse afectadas por la futura determinación de la Suprema Corte de Justicia sobre la SB1070.
