En un capítulo más del pleito entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Grupo México, el primero logró de un juez la imposición de medidas preventivas a las intermediarias bursátiles, que en la práctica le impiden vender acciones de ésta al segundo
La exposición de motivos, en el marco de una demanda civil, habla de que los estatutos internos del conglomerado que aglutina a 12 aeropuertos prohíben a cualquier particular acumular más de 10% del capital de la firma colocado en los mercados.
El Grupo México y su filial Transportes México acumulan ya el 33.8% del paquete de la serie B colocado en febrero del 2006, cuyo monto global equivale a 85% del capital.
El restante 15% se ubica como serie A o paquete de control, y lo mantienen en partes iguales las empresas Controladora Mexicana de Aeropuertos y las españolas Aena (Aeropuertos Españoles para la Navegación Aérea) y Abertis.
Aunque en el papel el porcentaje alcanzado por el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco le permitiría tener al menos seis asientos en el Consejo de Administración de la empresa, sólo se le ha permitido uno.
El pleito plantea un encontronazo entre dos leyes: la del Mercado de Valores que le abre la puerta a cualquier particular para adquirir acciones en el mercado sin limitación alguna, y la que protege derechos adquiridos por los inversionistas, sobre la base de los estatutos internos de la emisora.
De hecho, en afán de evitar lo que sería una opinión vinculante, el Grupo Aeroportuario del Pacífico obtuvo un amparo definitivo para evitar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se pronunciara sobre la validez del estatuto interno, de cara a la participación accionaria.
La solicitud había sido rechazada originalmente por un juez, alegando que se trata de un pleito entre particulares. Sin embargo, elevado el caso a un Tribunal Colegiado, éste determinó que sí hay intervención oficial, o si lo prefiere vela en el entierro del gobierno, vía, justo, la jurisdicción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En un escenario similar el Grupo Vitro perdió un pleito con Banamex, en cuyo alegato sostenía, justo, que su estatuto interno se oponía a que un particular adquiriera más del 5% de su capital.
El banco, aparentemente por encargo de terceros, había acumulado más del 11%, lo que le habría dado derecho a dos asientos en el Consejo de Administración.
Por lo pronto, en el juicio civil entablado contra la empresa del "rey del cobre", Germán Larrea Mota Velasco, se anota que éste plantea un "fraude a la ley" al pretender adjudicarse 12 concesiones para operar sendas terminales aéreas, saltándose el procedimiento jurídico previsto, lo que necesariamente coloca en el centro del pleito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El problema entre las firmas se inició en abril del año pasado cuando el Grupo México exigió dos asientos en el Consejo de Administración del GAP, al acumular 23% de su capital colocado en los mercados.
La asamblea de socios sólo le autorizó uno.
Naturalmente, el escenario remite a la revisión de la forma en que se planteó la privatización de las terminales aéreas, entregándose el control de éstas a inversionistas que apenas habían adquirido un segmento del capital, bajo el barniz de acciones de la serie A o de control.
Dos o tres años después, el gobierno colocaría en el mercado el resto de los papeles.
En el caso del GAP la parte no adquirida aún por Larrea la mantienen fondos de inversión de Estados Unidos, quienes están vendiendo aprovechando el crecimiento en el precio de los valores a raíz del arreglo entre los accionistas mexicanos y españoles para repartirse el control, en cuyo escenario se habían caído las inversiones a que obliga la concesión obtenida.
La gran pregunta es cómo le harían las casas de bolsa para identificar si una compra se hace por encargo de Larrea o se responde al interés simple de un particular.
¿Alguien habló de libertad de mercado?
La tormenta acecha al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, quien acaba de abrir una licitación para una red de comunicación interna cuyas bases parecen confeccionar un traje a la medida para Teléfonos de México.
De acuerdo a éstas, sólo podrán participar aquellas compañías que hayan ganado previamente cinco concursos similares.
La condición deja fuera de la jugada a empresas como Bestel, filial de Televisa; Alestra y Iusacell.
Del tamaño del absurdo habla el que sin haberse aún lanzado la licitación ya existen impugnaciones de los afectados ante la Secretaría de la Función Pública.
El Consejo de la Judicatura, como usted sabe, se constituye como juez de jueces, lo que hace más escandaloso el escenario.
ZANCADILLA A VITRO
Como estaba previsto, los fondos que adquirieron en los mercados secundarios papeles de deuda del Grupo Vitro, pagando apenas 11 centavos de cada dólar de valor nominal, se inconformaron con el convenio de reestructura de la deuda de la firma aprobado por mayoría de sus acreedores y sancionado por la Juez Cuarta de Distrito en Materia Civil y del Trabajo con sede en Monterrey.
De acuerdo a éste los tenedores de Certificados Bursátiles, colocados en primera fila, recibirán 63 centavos del valor nominal de éstos.
Los inconformes, pues, obtendrán una ganancia de 53 centavos.
Y ni así.
Por lo pronto, el recurso no detuvo la emisión de Certificados Bursátiles con opción de canjearse por acciones que lanzará la firma para honrar el nuevo escenario de sus compromisos.
AXTEL EN LA LONA
La negativa de la Suprema Corte de Justicia en concederle un amparo contra la decisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de imponer una tarifa de interconexión en las llamadas cruzadas de clientes de Axtel hacia los de Unefon, coloca a la primera en línea para un efecto dominó.
Ratificada, pues, la facultad de la Cofetel de realizar este tipo de actos sin la sanción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la firma de Tomás Milmo Zambrano se queda sin amarres para protegerse de una colosal deuda.
Estamos hablando de mil 548 millones de pesos.
La empresa con sede en Monterrey no le paga desde el 2006 no sólo a Unefon sino a Telcel, Iusacell y la Telefónica México la tarifa de interconexión fijada en 54 centavos por minuto dentro del esquema "El que llama paga".
