El gobernador Mario López Valdez afirmó que habrá castigo para los ex funcionarios públicos que se les compruebe por la vía judicial actos de deshonestidad en el manejo de recursos económicos.
Señaló que a la fecha la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas ha encauzado siete denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ante las dudas que han surgido sobre el manejo poco claro de fondos económicos en el sexenio anterior.
El Jefe del ejecutivo estatal, quien presidio la décima primera jornada de su programa denominado Gobierno en Movimiento en el municipio de Elota, expuso que durante los primeros 13 meses de su administración se han practicado revisiones contables a todas las aéreas.
Sobre el evento, explicó que en éste se concentran los funcionarios de su administración, delegados federales y municipales, los cuales tienen un encuentro directo con la población para escuchar sus planteamientos y darles respuesta inmediata.
Dio a conocer que uno de los módulos que tienen mayor demanda es el relativo al Registro Civil, que se abrió para expedir en forma gratuita actas de nacimiento a la población y hacerles llegar despensas alimentarias.
López Valdez, al inicio de su administración, en enero del 2011, reveló que se encontró irregularidades y dudas sobre el manejo de más de tres mil millones de pesos, de los cuales, con las revisiones se logró acreditar la erogación de cerca de dos mil millones de pesos.
Según los dictámenes de los ejercicios fiscales 2008-2010 del Gobierno de Sinaloa, emitidos por la Secretaría de la Función Pública Federal, existen observaciones y dudas sobre el manejo de mil 46 millones de pesos.
Juan Pablo Yamuni Robles, Jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas explicó que a la fecha, se tiene señalados 21 ex funcionarios estatales de diversas áreas, entre ellas de Fiscalización y Salud, por presuntos actos de deshonestidad en el manejo del dinero.
Señaló que de diciembre pasado a la fecha se tienen encauzadas siete denuncias judiciales por los presuntos delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y negocios ilícitos, por lo que los casos están en la esfera judicial.
señaló que en forma independiente a los 21 ex funcionarios indiciados en las querellas judiciales interpuesta, conforme avancen las pesquisas, la PGJE citará a otros funcionarios de la administración estatal anterior que tengan vínculos con los hechos.
Destacó que dado que no existe una Ley de Archivo que obligue a los funcionarios públicos llevar un orden y resguardo de toda la documentación que se genera con el ejercicio de la administración pública.
Admitió que les ha costado mucho trabajo ubicar la documentación respectiva sobre el ejercicio de diversos recursos públicos, por lo que las auditorias no avanzan a la velocidad deseada y las dudas sobre el uso adecuado no se disipan.
Juan Pablo explicó que las autoridades judiciales no pueden revelar los nombres de los ex funcionarios que han sido requeridos por mandatos judiciales para que rindan decl
