Las revelaciones hechas en días recientes por las procuradurías General de la República y de Justicia Militar, respecto a la existencia de una amplia red de protección hacia el crimen organizado en Coahuila, representan no sólo un paso más en el camino de la confirmación de las sospechas de que el incremento de la inseguridad en la entidad se dio al amparo de las autoridades, sino un duro golpe a la credibilidad de las instituciones inmiscuidas. Hasta el momento, la información obtenida por las procuradurías a partir de testimonios de criminales detenidos, involucra a militares y funcionarios de la PGR y de la recién desaparecida Fiscalía General del Estado (FGE).
Derivado de las indagatorias han sido detenidos 16 integrantes de la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo; la exsubdelegada de la PGR en Coahuila, Claudia González López; Sergio Tobías Salas, comandante de unidad especial de la FGE, y Manuel de Jesús Cícero Salazar, exdirector de la Policía Operativa estatal.
Otros funcionarios están siendo investigados, entre ellos un general del Estado Mayor en Saltillo y el hermano del exfiscal Jesús Torres Charles y hasta hace tres días consejero jurídico del gobernador Rubén Moreira. Ambas personas están acusadas de recibir dinero de una banda delictiva a la cual presuntamente protegían.
Todas estas revelaciones ponen en relieve lo que durante los últimos cuatro años se manejó como una sospecha: el posible contubernio de las autoridades de los distintos niveles de gobierno con grupos de delincuentes para que éstos pudieran operar a sus anchas en Coahuila, con el consecuente aumento de todos los índices de criminalidad.
Pero además, representan un severo golpe para el Gobierno de Rubén Moreira, quien en el arranque de su administración impulsó como una de las estrategias más importantes de combate a la inseguridad, el cambio del esquema centralizado de la Fiscalía al antiguo modelo dual de Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad, pero conservando prácticamente la misma línea de mando que ya operaba en la administración de su hermano Humberto.
Ante este destape de la cloaca y con miras a superar la crisis de seguridad en la que se encuentra el estado desde hace cinco años, es necesario exigir a las autoridades federales que lleguen hasta el fondo de este caso y que pongan ante la justicia a los involucrados en esta red de complicidad criminal. No se debe permitir que este asunto tan delicado se contamine con el proceso electoral en marcha. Que caiga quien tenga que caer para que la impunidad deje de ser en Coahuila la regla y podamos algún día hablar de ella sólo como una excepción.
