Aunque este sexenio el Gobierno Federal aplicó una estrategia para frenar el delito de secuestro, en 2011 se registró una cifra histórica al contabilizarse mil 327 denuncias de plagio a nivel nacional.
Es decir, durante el año anterior en promedio 3.6 personas por día fueron privadas de la libertad, de acuerdo con los datos del Sexto Informe de Gobierno, entregado por la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados.
Los números corresponden únicamente a los ilícitos denunciados ante el ministerio público del fuero común o de los estados, no se contabilizan los expedientes ingresados a la Procuraduría General de la República (PGR) ni aquellos que no fueron del conocimiento de las autoridades.
Los datos indican que la cantidad de averiguaciones previas acumuladas el año pasado sería no sólo la más alta de la administración del Presidente Felipe Calderón, sino la de mayor impacto desde 1997 cuando empezaron a contabilizarse las denuncias.
En 2007 ocurrieron 438 casos, en 2008, 2009 y 2010 fueron 907, mil 162 y mil 236, respectivamente.
El repunte se dio a pesar de que hace cuatro años las procuradurías locales y la federal acordaron, junto a la Secretaría de Seguridad Publica (SSP), la Estrategia Nacional e Integral contra el delito de Secuestro, que incluía la conformación de 32 unidades especializadas en la materia a corto plazo.
En teoría, estas áreas contemplan la permanencia de ministerios públicos, peritos y policías por un lapso de cinco años prorrogables, quienes actuarán bajo procedimientos y protocolos homologados de investigación.
No obstante, las entidades se mostraron lentas en dar cumplimento al ordenamiento y en agosto de 2011 de los mil 200 agentes antisecuestro que había en el País, sólo 737 habían recibido la capacitación necesaria y mil 79 se sometieron a controles de confianza, casi la mitad reprobó.
El atraso mereció al mes siguiente el regaño del entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake.
Según el Sexto Informe de Gobierno, en diciembre pasado aún no operaban al cien por ciento las 32 unidades pues aunque tenían titular designado e instalaciones, había personal pendiente por evaluar y capacitar ante la constante rotación del mismo.
El documento resalta que en el marco de los acuerdos aprobados por el Consenso Nacional de Seguridad Pública (CNSP), se han destinado 428 millones 677 mil 314 pesos para el equipamiento y fortalecimiento de las unidades antiplagio.
La PGR indica que de septiembre de 2011 a julio de 2012 se liberaron a mil 236 personas, se detuvieron a mil 75 presuntos secuestradores y se afectó la operación de 136 bandas.
