Un año después de colocar en jaque a los accionistas de control del Grupo Aeroportuario del Pacífico vía la colocación en la mesa de una oferta hostil por 100% del capital del conglomerado, el Grupo México está levantando su pretensión
La reversa de la firma propiedad de Germán Larrea Mota Velasco llegó cuando llevaba acumulado en su faltriquera 33.2% de las acciones de la serie B, que en conjunto representan 85% del capital.
Ésta se coloca, en paralelo, en medio de una disputa legal que involucraba a las casas de bolsa, tras emitir un juez, a petición del emporio de terminales aéreas, una resolución que les prohibía venderle un papel más al empresario conocido como "rey del cobre".
La orden, sustentada en lo estipulado en el estatuto interno del GAP, que prohíbe a cualquier persona física o moral acumular más de 10% de las acciones en circulación de la emisora, atentaba de lleno contra la Ley del Mercado de Valores.
Más aún, contra la libertad de comercio consagrada en la Constitución.
Las intermediarias bursátiles habían tramitado un amparo.
Lo cierto es que el absurdo no era el único punto polémico que afloró tras la Oferta Pública de Adquisición planteada por Larrea.
El cuestionamiento alcanzaba el marco en que se realizó la privatización de los 12 aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, en cuyo escenario se le entregó el control a quienes adquirieron los papeles de la serie A, equivalentes a 15% del capital.
Mantenido 85% restante en manos del gobierno, éste lo pulverizó vía una oferta internacional colocada en los mercados tres años después de la privatización.
El esquema era similar al que se había adoptado a la privatización de Teléfonos de México, con la diferencia en que al paso de los años los accionistas de control, encabezados por el magnate Carlos Slim, adquirieron la mayor parte de los valores en circulación.
La paradoja del caso, frente a la prohibición de acumular más de 10% de la serie B, es que los papeles de control han cambiado alegremente de manos. El desfile alcanza al empresario Olegario Vázquez Raña; a la familia Albarrán, expropietaria de Jugos del Valle, a la Controladora Mexicana de Aeropuertos y a las firmas españolas Abertis y AENA, esta última propiedad del Gobierno del país ibérico.
Colocada la oferta hostil del Grupo México en la mesa, los accionistas de control lograron un amparo definitivo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no pudiera pronunciarse sobre la validez del estatuto interno de la empresa frente a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.
La previsión apuntaba a que en un caso similar se había estipulado que aún bajo el concepto de "derechos adquiridos", no puede prevalecer un ordenamiento interno frente a la ley.
Estamos hablando del pleito entre Banamex y el Grupo Vitro, en que éste acusaba a aquél de haber violado su estatuto interno al adquirir un paquete equivalente a 11% de sus acciones en circulación.
Según ello, las reglas internas de la firma impedían una acumulación individual de más de 5%, con la novedad de una cláusula de exclusión para extranjeros.
Como usted sabe, Banamex pertenece al Citigroup de los Estados Unidos.
Lo curioso del caso es que en el intermedio de la guerra, el Grupo México y el Grupo Aeroportuario del Pacífico se asociaron para presentar una oferta conjunta para construir y operar un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya.
La firma fue descalificada, declarándose desierta la convocatoria.
La gran pregunta es si Larrea se quedará con el porcentaje acumulado, exigiendo al menos tres asientos en el Consejo de Administración del GAP, o buscará una coyuntura para vender el paquete. El resto de los papeles de la serie B los mantienen fondos de inversión de los Estados Unidos.
Se rajó el Grupo México.
De acuerdo con Unefon, la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria ejecute un embargo a sus bienes para cubrir un crédito fiscal de cuatro mil 300 millones de pesos, es aún incierta.
El asunto sigue litigándose en los tribunales.
La firma asegura que el adeudo tributario que provocó el crédito fue ilegalmente determinado por la dependencia de la Secretaría de Hacienda, por lo que recurrió al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La manzana de la discordia es una operación realizada entre partes relacionadas de la empresa, no por ésta.
Unefon pretendió garantizar la supuesta omisión con todos sus activos, excepto los dejados en garantía por créditos bancarios, a lo que se negó el SAT.
En el estira y afloja, la firma telefónica promovió un incidente de negativa que debió ser ventilado en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, enviándose equivocadamente a la Quinta Sala Regional Metropolitana.
Ésta rechazó la solicitud. Sin embargo, Unefon obtuvo un amparo ante el juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.
LIMPIA EN CONCAMIN
El primer pendiente con que se topará Francisco Javier Funtanet Mange a su llegada este fin de semana a la presidencia de la Concamin, tras una asamblea de trámite, es la solicitud de equidad de la Coparmex en la representación patronal ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La cúpula industrial, como usted sabe, acapara tres de los cuatro asientos. El otro lo mantiene la Concanaco.
Los representantes actuales son los expresidentes León Halkin e Ismael Plascencia, además del actual dirigente, Salomón Presburger.
En paralelo, existe el clamor de las cámaras afiliadas porque se renueve la representación ante la Organización Internacional del Trabajo, en un escenario en que los patrones se han concretado a hacerle séquito al Secretario del Trabajo, sin aportar propuesta alguna aprovechando la tribuna.
En la ruta está también la representación ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ante el Infonavit y ante los bancos de desarrollo, con énfasis en Nacional Financiera.
CASTIGAN AL MAGNATE
En la sorpresa de la temporada, el gobierno ecuatoriano está multando con 192.8 millones de dólares a una empresa del magnate Carlos Slim por una supuesta evasión fiscal. El castigo apunta al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, filial de América Móvil.
La acusación concreta habla de omisiones en el entero del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado previamente retenidos.
Hasta hoy en ningún país se habían planteado cargos similares contra firmas del rico más rico del planeta.
