Hasta sus más duros críticos tienen que reconocerlo. Es muy difícil dar resultados desde una organización podrida. Sabemos que a pesar de las buenas intenciones de muchos en su equipo, las ratas y las arañas están atrincheradas y dispuestas a defender su espacio. Muchos se benefician de la oscuridad, por lo que nadie disputa que su batalla será costosa y prolongada. No es difícil comprender que usted está obligado a focalizar y priorizar sus esfuerzos. No tiene tiempo ni recursos para intentarlo todo, y existen suficientes individuos dispuestos a sabotearlo.
Hablo de "su" batalla y de "su" esfuerzo, porque usted decidió personalizar la lucha contra el crimen. "De la seguridad me encargo yo", nos dijo alguna vez. En aquel momento no mencionó las causas estructurales de la crisis de inseguridad, o el grado de infiltración del crimen en nuestras fuerzas policiacas, y no tenía por qué hacerlo. La gente quiere héroes, y usted ofreció jugar ese papel. Al asumir el rol, sin embargo, se convirtió en el termómetro de la lucha. Desde entonces, la mayor prueba de que vamos avanzando no ha sido la contundencia de las estadísticas sino la noticia de que su vida está en peligro. Finalmente asumió como propio el argumento principal del calderonismo: Tan es cierto que aquí se combate el crimen, que estamos en guerra.
Recuerdo que en alguna ocasión declaró que "antes no había calma, sino impunidad". Ofreció así, en una sola frase, una lógica para racionalizar las incesantes balaceras, los narcomensajes y los homicidios. De acuerdo con ella, la ciudadanía siente las patadas porque en Coahuila hay un Estado fuerte y comprometido en su lucha contra el crimen. Habría que probar lo anterior con datos, pero la hipótesis vale. Al menos sus valientes iniciativas para cerrar los casinos y para reglamentar la venta de alcohol -que por cierto aún no reciben el reconocimiento que merecen- son consistentes al respecto.
Recargarse en la retórica no es necesariamente mala estrategia, sobre todo si consideramos el hambre de resultados, y el tiempo que tardan las políticas públicas en generar efectos. Según un reciente reporte producido por el Consejo Cívico de la Laguna para el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Coahuila continúa en ascenso, y La Laguna está francamente tomada. El reporte abarca los primeros siete meses de su gobierno; aún no ha logrado revertir la tendencia que recibió. Ante esto, es urgente convencer al público de que hay luz al final del túnel, y de que al menos caminamos en la dirección correcta. Si no es posible presumir menos robos y homicidios, ojalá pueda explicar la violencia diciendo que nuestros enemigos están arrinconados.
Sin embargo, la variable crítica para sostener este argumento es la credibilidad de nuestras instituciones. La población está dispuesta a tolerar la violencia, pero sólo si confía en sus autoridades. No tiene ningún sentido respetar las normas cuando quien tiene la obligación de hacerlas respetar no las respeta. No tiene sentido renunciar a nuestras libertades para formar parte de una comunidad, si ésta no ofrece condiciones mínimas para defendernos. Pocas cosas reflejan de mejor manera el fracaso de un gobierno que la inacción ante la corrupción de sus fuerzas policíacas.
Hace mucho que Coahuila no vive en calma. Sin embargo, la probable complicidad de funcionarios estatales en la reciente fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras, demuestra que además vivimos en total impunidad. Y esta megafuga no es la primera señal. Sólo dos meses después del arranque del sexenio, la prensa nacional ventiló que el hermano del exfiscal Torres Charles, formaba parte de una extensa red de militares, ministerios públicos y policías estatales que recibían pagos del hampa a cambio de protección. Si bien el exfiscal renunció a su cargo en el actual gobierno "por motivos personales", ninguna autoridad en Coahuila se volvió a referir al asunto. Tan ocupados andan con otros asuntos, que aparentemente ni siquiera abrieron una investigación.
¿Qué sentido tiene perseguir a los criminales, si la Policía estatal les abre la puerta en cuanto llegan al penal? ¿Qué capacidad tiene el Gobierno del Estado para cuidarnos, si no puede cuidar a los criminales sentenciados por nuestros tribunales? Estas preguntas están en la mente de miles de coahuilenses, y necesitan de respuestas contundentes. Quizá no se ha dado cuenta, pero esta crisis le ha brindado una segunda oportunidad para demostrar que su compromiso en la lucha contra el crimen va en serio.
