Junto al desorden de las finanzas públicas, la inseguridad ciudadana fue la más nefasta herencia que la administración estatal de Rubén Moreira recibió del gobierno anterior, encabezado primero por su hermano Humberto y por Jorge Torres después. En seis años, prácticamente todo los delitos del fuero común sufrieron alarmantes incrementos en Coahuila, sobre todo homicidios, robos con violencia y secuestros.
Al menos en el discurso, el actual gobernador ha mostrado preocupación por el tema y ha intentado esbozar compromisos para mejorar la situación de seguridad en la entidad, a sabiendas de que es uno de los principales reclamos de la ciudadanía, que es la que ha pagado con vidas, patrimonio y temor la inoperancia de las instituciones frente al crimen en todos sus rostros.
Pero hasta el momento, la propuesta del titular del Ejecutivo Estatal dista mucho de ser convincente y esperanzadora, principalmente por lo que demuestra en los hechos. Una de sus primeras iniciativas fue la de crear la tan promovida policía metropolitana para la Comarca Lagunera. No obstante que, según dijo, ya contaba con los recursos, elementos y el equipo para echarla a andar, lo más importante aún está pendiente: el marco legal, sin el cual, los agentes no tendrán facultades para operar en ambos lados de los límites de Coahuila y Durango. Crear una corporación y no considerar este aspecto es nada distinto a lo que se ha hecho hasta el momento.
También, hace unos días Rubén Moreira presentó al Congreso local un paquete de iniciativas de reformas. Entre ellas contempla la anunciada desaparición de la Fiscalía para crear un "nuevo" modelo de procuración de justicia y seguridad pública, que no es otro que el que estaba antes de la agonizante y fracasada corporación. Incluso, la gran "novedad" de la propuesta, la fiscalía especial para la atención de casos de personas desaparecidas, sólo implica cambiarle de nombre a una institución que ya existe.
Por si fuera poco, el gobernador propone la restricción de la venta de alcohol en establecimientos y la desaparición de algunos giros negros, como los table dance, pero hasta el momento nada ha dicho de cómo pretende combatir el clandestinaje, problema que seguramente se disparará en caso de que entren en vigor dichas medidas.
La grave situación de inseguridad por la que atraviesa todo el estado, exige de las autoridades un compromiso mayor que las palabras y propuestas más inteligentes y profundas. Quizá Rubén Moreira debería empezar por lo más sencillo, a fin de mandar los mensajes adecuados a la ciudadanía. Porque no es posible que el gobernador hable de "su voluntad" para enfrentar al crimen cuando en Torreón, por ejemplo, 40 de las 50 patrullas estatales están detenidas, prueba de que, una vez más, el discurso no corresponde con la realidad.
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