La oposición (PAN y PRD) piden que se incluya en la reforma de la ley orgánica que el Senado ratifique a los mandos policíacos propuestos por el Ejecutivo; el PRI rechaza esta modificación y ofrece iniciativa de reforma para establecer esta ratificación en la Constitución.
El Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual se permiten los cambios para ajustar el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto como él lo proyectó. La votación se dio en los siguientes términos: 114 a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.
David Penchyna Grub (PRI) aseguró que "no hay miedo ni resistencia" a lo que pide la oposición (PAN y PRD), e insistió en que ellos están dispuestos a presentar una iniciativa de reforma constitucional -firmada por los 54 senadores del PRI- a fin de que se amplíe desde la Carta Magna el catálogo de funcionarios que deben ser ratificados por el Senado, lo anterior a fin de evitar juicios de controversia constitucional.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, señaló que hay múltiples ejemplos de que el Senado -sin cambiar la Constitución- puede ratificar algunos nombramientos, como cuando evaluó a la Procuradora Fiscal del Contribuyente, entre otros.
"En este Congreso se aprobó la ratificación de los vocales del IPAB, de los comisionados del IFAI, de los tribunales agrarios, ninguno de esos cargos está previsto en la Constitución, reivindicamos las facultades del Congreso de modalidades para la ratificación", expresó Gil Zuarth.
El Senado iniciará la discusión en lo particular del dictamen. El PRI reservó el artículo 27. Este grupo parlamentario rechaza desde el inicio del debate la posibilidad de que en la ley orgánica quede establecido que las nuevas figuras propuestas para auxiliar el secretario de Gobernación en la política criminal y policiaca -el comisionado nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- sean ratificados por la Cámara alta.
El senador priísta Raúl Cervantes explicó que para ratificar a los mandos policiacos se necesita modificar la Constitución y que debe respetarse el procedimiento.
Recordó a las bancadas de oposición que cuando se gana un gobierno por votación se gana también el derecho de elegir la estructura con que se va a trabajar, por lo que se propuso un modelo y una política diferente con coordinación, toda vez que la naturaleza de la administración pública se indica en la Constitución con atribuciones específicas del presidente de la República.
"Queremos que haya corresponsabilidad en lo que hoy más le pega a la sociedad, que es la seguridad", reviró el perredista Armando Ríos Piter.
El senador perredista dijo que nadie apuesta en el Senado que le vaya mal al Ejecutivo, pero dijo que lo que no acepta el PRI es un elemento de "fondo" porque da el primer paso para lograr equilibrio entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El senador del PRI, Omar Fayad, aseguró que no hay una diferencia de fondo y dijo que el tricolor sí acepta la ratificación, pero lo que reclama es la forma de cómo se haga el procedimiento e insistió que la posibilidad de que ratifique el Senado tiene que ponerse en la Constitución y no en una ley orgánica.
Manuel Camacho Solís, del PRD, dijo que lo que se discute en el fondo en relación con la ratificación o no de los mandos policiacos es si habrá una Presidencia autoritaria o democrática.
Puso como ejemplo que en Venezuela, Perú y Chile hay jefe de gabinete, quien lleva la política, y esto permite una "definición clarísima"; la seguridad, agregó, está en el Ministerio del Interior, y en el único país donde hay un modelo similar al que hoy se propone, como Colombia, existe la moción de censura, es decir, explicó, que la mayoría del Congreso puede solicitar la renuncia de un funcionario.
El diseño de esta administración pública, agregó, no es el de una presidencia democrática, y por ello el PRD considera que debe haber controles democráticos como la ratificación y comparecencias periódicas del secretario de Gobernación.
"En el caso del PRI, regatear todavía lo que hoy se está planteando, y argumentar que eso no es constitucional, me parece que es una muestra de que no estamos entendiendo el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es si queremos un poder que limite las libertados, si queremos ser contrapeso del Ejecutivo o una oficialía de partes del Ejecutivo", espetó.
David Penchyna Grub (PRI) reviró que tal vez seamos el único país que tiene un alto grado de descoordinación entre las autoridades policiacas que da como resultado una ineficaz estrategia de seguridad.
Los cambios aprobados:
1.- Creación de la figura del comisionado nacional de Seguridad, que tendrá a su cargo las funciones de la Policía Federal, la administración de los reclusorios federales, la información de Plataforma México, así como los estímulos, apoyos y el mejoramiento de la estructura de todas las policías estatales y municipales.
2.- El secretario de Gobernación deberá comparecer cada seis meses ante la Comisión Bicamaral de Seguridad, a efecto de informar sobre los asuntos de su competencia en esta materia.
3.- En caso de que el encargado de la política interior auxilie a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de delitos, los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
4.- Los legisladores precisaron que tienen conocimiento de la intención del gobierno federal de constituir un nuevo cuerpo de seguridad pública denominado Gendarmería Nacional, cuyas funciones, estructura y recursos se definirán posteriormente y que orgánicamente dependerá del Comisionado Nacional de Seguridad.
5.- Se aprobó la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, una vez que se cree y entre en operación el órgano autónomo de combate contra la corrupción, que aún debe discutirse en el Senado.
6.- Se reorganizaron las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social para que impulse programas y acciones que refuercen la inclusión social e igualdad, mediante estrategias y que contribuyan a prevenir y eliminar la pobreza en el país.
7.- Se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sustitución de la de la Reforma Agraria y se consolida a la Oficina de la Presidencia de la República como una dependencia de apoyo y seguimiento permanente a las tareas políticas públicas del Ejecutivo federal.
