De cara al primer informe del gobernador de Coahuila, resulta inevitable considerarlo como el que corresponde al séptimo año de la era Moreira.
Lo anterior es así porque el régimen de Humberto y Rubén Moreira corresponden a un mismo proyecto político único e indivisible, a pesar del presunto conflicto entre los hermanos que real o fingido, no es suficiente para disolver la unidad esencial que el proyecto referido implica.
El proyecto Moreira es reivindicativo de un segmento de la burocracia sindicalizada de nuestro país, en este caso magisterial, que sobrevive a la alternancia del año dos mil. En aquellos días consideró insuficientes los privilegios inherentes a su posición en la estructura de poder en el viejo régimen y reclamó para sí el poder total de cara al nuevo escenario.
Bajo la inspiración de una ideología comunistoide que se nutre del modelo cubano, la dictadura dinástica castrista ofreció en su momento el ejemplo a seguir al proyecto moreirista.
La coyuntura de la alternancia abrió la posibilidad de oponerse al Gobierno federal y con esa bandera, Moreira se atrinchera en una dictadura local. El ejecutivo se erige en un superpoder que empieza por apoderarse del PRI estatal purgando a los disidentes; somete a los poderes legislativo y judicial, copta a importantes sectores de oposición, controla el sistema electoral y hace del manejo opaco e ilícito de las finanzas públicas, palanca de su consolidación por medio del gasto político irrefrenable a través de los programas sociales o en virtud de malversación, en provecho de la clase política emergente.
La disposición ilimitada de recursos permite a Humberto financiar una carrera meteórica hasta alcanzar la cúspide del Partido Revolucionario Institucional a despecho de otros grupos políticos que lo vieron como un peligroso advenedizo, y se unieron para destituirlo, obligando al proyecto Moreira a volver a su reducto local de origen, en donde por naturaleza ambos hermanos ya no caben.
Sea que estemos frente al plan perverso de una familia que pretenda acaparar el escenario estatal en su luz y sombra, planteando un Moreira malo y otro "bueno" víctima de las circunstancias, o que en efecto exista un desencuentro real entre los protagonistas de la sucesión entre consanguíneos, lo cierto es que la identidad esencial del proyecto permanece.
Los miembros del gabinete actual son los mismos del gobierno anterior. El que es Procurador de Justicia fue Secretario de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Social, fue Subsecretario regional en la Región Laguna; el que hoy es representante de Rubén en la Región Lagunera ayer fue Secretario de Comunicaciones; el que fue Secretario de Gobierno de Humberto hoy funge como Secretario de Infraestructura, y así desfilan todos en un carrusel que confirma la inequívoca conclusión: Son los mismos.
Rubén hizo su carrera al amparo del gobierno de su hermano en la Secretaría de Gobierno, como presidente estatal del PRI, diputado federal líder de la fracción priista de Coahuila en San Lázaro y finalmente, candidato a la gubernatura para suceder al hermano.
El escándalo de la megadeuda ha resultado insuperable, porque mes a mes el pago de los intereses que desangra al erario público, se traduce en aumento de impuestos, ausencia de obra pública, falta de inversión y saqueo de los sistemas de pensiones.
La opacidad con la que se contrajo de modo ilegal la deuda en tiempos de Humberto con el soslayo del Congreso Estatal de aquel entonces, continúa en virtud de la complicidad del gobierno de Rubén y de la actual Legislatura, empeñados en mantener en la penumbra el destino de los recursos.
El sistema democrático entre otras cosas, ofrece el cambio periódico del gobierno que permite de tiempo en tiempo, renovar las esperanzas de mejoramiento de la vida pública por medio del relevo de las autoridades. En el caso de Coahuila tal cambio no ocurrió. El primer año de un gobierno ordinario es de arranque entusiasta y en las especie, presenciamos el cierre del séptimo año de un proyecto político encadenado a su pasado, y visiblemente agotado.
