Los testimonios reflejan la desesperación de los laguneros olvidados. "¿Dónde jala uno?, tener animalitos es lo que sabemos hacer, nosotros por andarles buscando alimento tampoco podemos irnos a buscar algo en la ciudad", dice don Crescencio, habitante del desolado pueblo viesquense Bajío de Ahuichila, a la periodista Diana González en un reportaje publicado ayer domingo en El Siglo de Torreón.
La comunidad se encuentra a 140 kilómetros al sur del área conurbada de La Laguna, en un rincón de Coahuila, muy cerca de Zacatecas. Teófilo Méndez, presidente del comisariado ejidal, platica que debido a la sequía, "la mayoría de las personas se van a las fronteras, pero varios se regresan por la violencia que hay allá, no sabemos para dónde hacernos, la gente se va por hambre, uno sale para darle otra vida a los hijos porque aquí se sufre mucho y resulta que en veces no sale como uno piensa". Así de cruda es la realidad que viven estos laguneros.
Es regla en nuestro país de desigualdades que ante un desastre, los más perjudicados sean los que ocupan el último nivel en la pirámide socioeconómica. La pobreza siempre está acompañada de vulnerabilidad e incertidumbre. Vulnerabilidad frente a los más nocivos fenómenos naturales y sociales. Incertidumbre en el agobiante presente y en la mirada hacia el futuro. La sequía que azota al norte del país desde hace años y que se ha agudizado en los últimos meses, tiene en jaque a miles de personas que habitan, sobre todo, en las áreas rurales.
Uno de los más grandes fracasos del Estado mexicano ha sido la incapacidad de generar hasta ahora las condiciones adecuadas para que millones de personas logren superar su situación de miseria y romper el ciclo asfixiante en el que viven. De acuerdo con los resultados del estudio más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 46.2 por ciento de los habitantes del país vive en situación de pobreza. Son 51 millones 993 mil mexicanos que cada día, por múltiples razones, encuentran serias complicaciones para lograr sobrevivir.
Como una forma de mitigar esta miseria, los gobiernos de los tres niveles desarrollan programas sociales en los que, con criterios distintos y muchas veces cuestionables, inscriben a personas de escasos recursos para hacerlos beneficiarios de un apoyo económico o en especie.
Para 2012 la Federación tiene contemplado un gasto de 84,859.8 millones de pesos en el concepto de desarrollo social, 2.5 por ciento menos que en 2011. Si consideramos que, de acuerdo a los datos del Coneval y el Inegi, en México existen 12 millones 998 mil 250 familias en pobreza, a cada una de ellas le tocarían, en teoría, 6 mil 528 pesos en promedio este año, es decir, 17.8 pesos diarios, apenas un tercio del salario mínimo. ¿Qué puede hacer una familia con este recurso?
Pero la estadística sólo muestra una parte del fracaso. Más que la insuficiencia de los recursos destinados al combate a la pobreza, el problema central radica en la forma en la que se aplican y los cortos alcances que suelen tener los programas sociales. El propio Coneval, en las conclusiones a su estudio de 2011, establece que "(…) en ocasiones se han confundido en los diversos órdenes de gobierno las causas y los síntomas de la pobreza, con lo cual una buena parte de los programas sociales de superación de la pobreza, ataca lo segundo". Es decir, más que creadores de oportunidades y detonadores de crecimiento, los programas sociales son meros paliativos, los cuales, además, son susceptibles a ser utilizados con fines electorales.
En este contexto, llaman la atención los anuncios propagandísticos que de forma reiterada han hecho tanto el Gobierno Federal, como los gobiernos de Coahuila y Durango, en cuanto a los miles de millones de pesos destinados a disminuir los efectos de la sequía. Pero como la mayoría de los apoyos sociales, éste adolece de un esquema de medición y seguimiento.
Y mientras las autoridades se muestran jactanciosas con la ayuda otorgada, la realidad les vira súbitamente el rostro como una bofetada. Los habitantes de Bajío de Ahuichila recibieron hace cuatro meses un único apoyo de 40 pesos por cabra y 200 por vaca para alimentación. Pero una paca de alfalfa, que puede rendir apenas dos o tres días, cuesta 130 pesos. El resultado es que sin agua ni comida, los animales se han ido muriendo, y las personas han ido abandonado sus hogares.
Pero no es sólo la sequía la que los ha orillado a dejar su tierra y propiedades. Con la sequía se ha agravado una situación que ya padecían. El deterioro ambiental, el agotamiento de los manantiales, el abandono de las autoridades, la ineficacia de los programas sociales y la ausencia de oportunidades, tienen a los pobladores de esa comunidad sumidos en una pobreza crónica desde hace años. Y la historia de Bajío de Ahuichila se repite trágicamente en comunidades de otros municipios de la comarca y del país, y se seguirá repitiendo mientras los gobiernos no comprendan que el combate a la pobreza sólo rendirá frutos si se atiende de forma integral sus causas y no sólo sus efectos.
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