En el informe de resultados del 2011 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos destaca el número de quejas que se presentaron en contra de la extinta Secretaría de Educación y Cultura, cuyo número asciende a 58, mientras que la Fiscalía General del Estado cuenta con el 25 por ciento del total de las quejas que fueron presentadas.
"La Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo emitió seis recomendaciones y fueron acatadas y se le dio seguimiento a cada uno de los casos", declaró el ex fiscal Jesús Torres Charles.
La Secretaría de Educación y Cultura destacó durante el informe de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, en donde se presentaron 890 quejas en contra de ocho instituciones, y solo la SEyC pertenecía al rubro de educación, ya que las siete restantes son competencia del área de seguridad.
Dentro de la estadística no se percibe ninguna dependencia o institución de otro ramo.
Aun cuando la Ley establece que la educación es un derecho de todos los mexicanos, de las 58 quejas que se presentaron 17 fueron por violación al derecho a la educación.
En el informe no se específica el motivo de las 41 quejas restantes.
En lo que corresponde a las 17 quejas presentadas por violación de derecho a la educación, el informe indica que se le dio seguimiento a cada una de ellas.
En cuanto al número de trámites resueltos de manera favorable, se muestra que se obtuvieron sólo 13 casos de conciliación.
En relación a las recomendaciones que se emitieron no se indica cuántas se realizaron ni el seguimiento.
Otra de las instituciones que recibieron quejas fue la Defensoría Jurídica Integral con ocho; el Poder Judicial del Estado con nueve quejas; y la Dirección de Readaptación Social con cuatro.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila contempla, dentro de sus estadísticas, el apartado "otros rubros" donde se canalizaron 112 quejas.
Cabe mencionar que en el último informe presentado en la página web de la Comisión se menciona que durante agosto del 2010 se impartieron cursos a la Fiscalía General del Estado, con el fin de difundir información sobre derechos humanos a 221 servidores públicos.
