Diversas Casas Migrantes demandan que el gobierno federal acepte un equipo independiente de peritos y observadores internacionales en torno a las investigaciones de fosas clandestinas y personas no localizadas en México.
A dos años de la Masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, las condiciones de inseguridad para este sector persisten, los homicidios y secuestros continúan sin que las autoridades federales y locales tomen medidas efectivas para revertir este escenario "desolador" ante la ineficacia de las autoridades para garantizar su protección e impedir que sigan siendo víctimas de la delincuencia común y organizada.
La Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia, A.C.] y Centro Diocesano por los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitieron un comunicado en el que fijaron así su posición ante la situación que enfrentan los migrantes a su paso por el territorio nacional, a pesar de la ejecución múltiple de San Fernando, perpetrada el 23 de agosto de 2010.
Indicaron que a pesar del tiempo transcurrido y los discursos oficiales, "acudimos a un escenario por demás desolador en el que las ejecuciones en contra de migrantes se siguen manifestando, sin que el gobierno mexicano muestre eficacia siquiera en el diseño de sus estrategias de combate al secuestro y la garantía de protección y seguridad a quienes transitan por territorio mexicano, sean nacionales o extranjeros".
Acusaron que han existido otras masacres:
"Tan sólo en el mes de abril de 2011, 121 cuerpos más fueron encontrados dando un total de 173 migrantes encontrados en 47 fosas clandestinas tan sólo en el Estado de Tamaulipas. Del total, 93 fueron enviados a fosas clandestinas sin que los procedimientos periciales en las investigaciones lograran la identificación de los cadáveres. Sin contar las fosas que se han encontrado en el Estado de Durango".
Las organizaciones indicaron que hasta hoy, "ninguna de las acciones anunciadas por el gobierno federal tales como la Ley Antisecuestro, y la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes (del 31 de agosto de 2010), han dado los resultados esperados en el tema. Sin contar los miles de migrantes que siguen desaparecidos, según cifras de organizaciones centroamericanas y datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos".
Señalaron que "no podemos perder de vista que el 13 de mayo pasado, 49 cuerpos más fueron encontrados en el municipio de Cadereyta, Nuevo León", que podrían ser migrantes, aunque no existen elementos para confirmarlo.
En su comunicado apuntaron además que el Reglamento de la Ley de Migración sigue sin publicarse, y no se trabajó con la sociedad civil para su elaboración.
Ante este escenario, exigieron que los gobiernos federal y locales "desarrollen estrategias de prevención y erradicación del secuestro y desaparición de mexicanos y extranjeros; que las procuradurías y fiscalías desarrollen sistemas de búsqueda de mexicanos y extranjeros desaparecidos y no localizados en convenio con países de Centroamérica que estén involucrados".
También demandaron que el gobierno federal acepte un equipo independiente de peritos y observadores internacionales en torno a las investigaciones de fosas clandestinas y personas no localizadas en México.
