El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Arizona debe ser la última advertencia para estados como Arizona y los que lo quieren imitar -como Alabama- para que dejen de elaborar leyes para detener a infractores civiles, publicó The New York Times.
El fallo sobre la Ley de inmigración de Arizona destrozó la premisa radical de la ley: que un estado puede escribir su propia política exterior, imponer sus propias sanciones penales a los indocumentados, establecer sus propias y prioridades así como obligar al gobierno federal a continuar con los procesos.
El diario resaltó que esa no es la labor de los estados y que después de la decisión del el Tribunal Supremo de la Nación ellos no pueden hacerlo.
Sin embargo, el Times señaló que la sentencia de la corte no da fin a la lucha por los derechos civiles de las comunidades inmigrantes, que continúan con miedo, especialmente los latinos.
Agregó que esto plantea serios desafíos tanto a la administración de Barack Obama, como a funcionarios responsables de hacer cumplir las leyes y a defensores de inmigrantes de mantener sus esfuerzos para limitar el daño cuando las legislaturas y los policías - no sólo en Arizona – están fuera de control.
El tribunal no derogó la sección 2(B) de la ley, que requiere que los oficiales de policía verifiquen el estatus migratorio de las personas que sean detenidas y que se sospeche están aquí ilegalmente.
Esa medida ignora la dura realidad de la vida en Arizona, donde las detenciones ilegales y la discriminación racial son el objetivo de la política de inmigración del estado “envenenado”, expresó el diario.
El Times señaló que funcionarios como el alguacil Joe Arpaio del condado de Maricopa durante varios años han construido su reputación sobre el acoso y la humillación de los latinos, a través de redadas vecinales y detenciones masivas, que se ajustan a un perfil, a los que hablan español, usan cierta ropa o zapatos, y tienen cierto comportamiento.
Las acciones de Arpiaio han dado lugar a un sinnúmero de quejas de derechos civiles, una investigación federal y demandas.
El defecto de esta medida es que es imposible que un funcionario sepa cómo luce un inmigrante indocumentado, ya que no pueden sacar esta conclusión por la forma en que luce, se viste o habla.
El rotativo expresó que el gobierno de Obama no tiene que esperar para romper los lazos con personas que amenazan con o usan la violencia para hacer a alguien cumplir las leyes migratorias, poniendo fin a los programas que convierte a los oficiales locales en agentes migratorios.
La administración puede hacer mucho para asegurarse de que la intención nociva de la ley de Arizona tenga marcha atrás y se evite el profundo dolor de la injusticia y la discriminación, puntualizó el periódico.