"Los muertos no pueden exigir justicia; es un deber de los vivos hacerlo por ellos."
Lois McMaster Bujold
Asombra la manera en que César Armando Librado Legorreta, el Coqueto, escapó de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de México en Barrientos, Tlalnepantla. Lo que más inquieta es el hecho de que el presunto y confeso responsable de siete homicidios y ocho violaciones haya estado en una oficina y no en una celda que cuando menos dificultara su evasión.
El procurador mexiquense Alfredo Castillo ha declarado que los cambios en el Código de Procedimientos del Estado de México, que tuvieron como propósito incorporar el nuevo sistema acusatorio, son responsables de que no se haya podido mantener bajo mejor resguardo o consignar a Librado Legorreta. Estas modificaciones legales impiden recurrir a la figura del arraigo que con anterioridad se empleaba de forma habitual para mantener a los sospechosos privados de su libertad durante meses sin necesidad de presentar pruebas en su contra. El presunto homicida en este caso, Librado Legorreta, se encontraba en la oficina en espera de que un juez emitiera una orden de aprehensión ya que él había sido detenido sin orden judicial y retenido más allá de lo que permite la ley.
Si realmente la fuga de Librado Legorreta se debió cuando menos en parte a la eliminación del arraigo, estaríamos ante una situación trágica. Lo que nos estarían diciendo las autoridades es que si no tienen un instrumento que permita detener inconstitucionalmente durante meses a inocentes, la autoridad estaría atada de manos para evitar la fuga de un multihomicida y violador.
En otros países no parece existir esta disyuntiva. Los criminales son detenidos y llevados a juicio sin necesidad de arraigar durante meses a inocentes. Los juicios son orales y de carácter acusatorio, pero los fiscales no utilizan este sistema como excusa para justificar la fuga de los criminales.
La verdad es que el caso del microbusero violador nos revela que, a pesar del dinero que se dedica a la procuración de justicia, el Estado mexicano parece ser completamente inoperante frente a los criminales, por lo menos mientras no se da una orden desde la cúpula política para que se le dé prioridad a un caso.
Recordemos que Librado Legorreta había estado violando y matando a jovencitas durante meses. Una de las madres, Amparo Vargas, acudió a la Procuraduría de Justicia del Estado de México a levantar una denuncia y a exigir que las autoridades emprendieran la búsqueda de su hija, Eva Cecilia Pérez. La respuesta de algún funcionario de barandilla al que le tocó atenderla fue tajante: "Si quiere encontrar a su hija, búsquela."
Las procuradurías no están completamente atadas de manos para llevar a cabo su trabajo. Cuando Librado Legorreta se convirtió en una prioridad política para el gobierno del Estado de México, la procuraduría se movió con prontitud y pudo recapturarlo en unos días. El problema es que la enorme mayoría de los casos no son prioritarios y por lo tanto la investigación, si es que alguna se hace, debe ser realizada por los familiares de las víctimas.
Los mexicanos deberíamos tener un sistema de justicia que sin violar los derechos de inocentes, privándolos de la libertad durante meses con arraigos que sólo encubren el hecho de que no hay pruebas en su contra, permita detener a los criminales e impedir que se escapen. No parece tan difícil. Muchos países lo tienen. Si en el nuestro eso no ocurre, los legisladores, que se ocupan de todo menos de lo prioritario, deberían promulgar las leyes pertinentes.
CONTRA LOS BLOQUEOS
José Azcona Suárez protestó en Oaxaca desnudo por los bloqueos de vías de comunicación que, como ayer, impiden el acceso de los clientes a su micronegocio. "No se vale que vengas a pisotear mis más elementales derechos", señalaba con un cartel. Los bloqueos que se han convertido en una pesadilla para los oaxaqueños ante la indiferencia de los gobiernos municipal y estatal.
Twitter: @sergiosarmient4
