En México no todos somos iguales ante la ley. Los funcionarios públicos siguen teniendo un trato preferencial. La ley está hecha para castigar a los ciudadanos comunes y corrientes, pero no a los funcionarios públicos, aun por los delitos que ellos comenten.
Un triste ejemplo lo vemos en el caso de la discoteca News Divine. El 20 de junio de 2008 se llevó a cabo en esa discoteca de la delegación Gustavo A. Madero un operativo policial que dejó un saldo de 12 muertos, entre ellos nueve muchachos que simplemente querían divertirse un rato. Cuatro años después solamente hay una persona en la cárcel, pero no es ninguno de los verdaderos responsables, sino un chivo expiatorio cuyo pecado es no haber sido funcionario público.
Efectivamente, Alfredo Maya Ortiz, administrador del establecimiento, es la única persona encarcelada por los acontecimientos. Pero es el menos responsable de lo ocurrido,
La tragedia fue consecuencia de un operativo de policía que tenía el propósito aparente de extorsionar a jóvenes que se divertían en una discoteca. Ninguno de los funcionarios que ordenaron o participaron en ese operativo está privado de su libertad.
Desde el principio los funcionarios del gobierno del Distrito Federal buscaron culpar a Amaya Ortiz. Dijeron que él había dado la orden de desalojar a los jóvenes del local a la llegada del operativo policial, que había atrancado las puertas, que servía alcohol a menores de edad y que había permitido sobrecupo en el lugar.
La información disponible sugiere que las acusaciones eran falsas. No fue Maya quien dio la orden de desalojo, sino la propia Policía. No fue él quien pidió que se atrancaran las puertas, sino los agentes, que no querían que se les escaparan los muchachos (el negocio era detenerlos para sacarles dinero a ellos o a sus familias). En el lugar había mayores y menores de edad, pero había un anuncio que señalaba que sólo se servía cerveza -que era la bebida disponible-a los mayores. Hay testigos que dicen que se pedía a los muchachos que se identificaran con la credencial del IFE para que se les vendiera cerveza.
Al final a Maya Ortiz se le acusó de "corrupción de menores". Al parecer sí hubo algún menor de edad que logró adquirir cerveza y ésta es la razón del cargo que se presentó en su contra. Como el delito de corrupción de menores es considerado grave, este hombre ha tenido que permanecer privado de su libertad cuatro años mientras enfrenta un juicio. Todavía no hay una sentencia en su contra. Como es común en la justicia mexicana, a este hombre primero se le ha castigado con cuatro años de cárcel y luego se le ha juzgado. Hasta ahora ningún juez se ha pronunciado sobre su inocencia o culpabilidad.
Los verdaderos responsables de los 12 homicidios fueron los funcionarios y policías que planearon y ejecutaron el operativo. Pero todos están en libertad. Algunos han sido juzgados y han obtenido amparos. Otros están enfrentando sus procesos en libertad, gozando de una presunción de inocencia que no se ha aplicado al único acusado que no es funcionario público.
Así es la justicia en nuestro país. Los funcionarios gozan de un trato distinto al de los ciudadanos comunes y corrientes. Siempre es fácil detener al gerente del lugar -como ocurrió también en el caso del Bar Bar- y no a los verdaderos homicidas.
Doce personas murieron en el operativo del News Divine. A cuatro años de distancia sólo una persona, un inocente, está en la cárcel. Aquellos que hicieron el operativo en un intento por extorsionar a un grupo de jóvenes no tienen mucho de qué preocuparse. Los protege un corrupto sistema de justicia.
VOY GANANDO
Andrés Manuel López Obrador insiste que una encuesta que él tiene lo pone en primer lugar en la contienda presidencial pese a lo que dicen las demás. Sería más fácil creerle si hiciera públicos los resultados completos y la metodología.
Twitter: @sergiosarmient4
