Las centrales españolas Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) criticaron hoy la reforma laboral propuesta por el gobierno, porque “solo sirve para tranquilizar al mercado financiero” y no crea empleos.
Los dirigentes de ambas centrales declararon lo anterior tras reunirse con la ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y con los presidentes de las dos patronales, en la que fueron informados sobre el contenido de tal reforma.
El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó el pasado viernes el anteproyecto de decreto de Ley sobre reforma laboral, que entre otras cosas abarata el despido al reducir los costos por despidos justificados e injustificados y flexibiliza las causas de ambos casos para las empresas.
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, calificó la reforma de “inútil y desequilibrada para superar los problemas del desempleo”, y “es un camino erróneo, injusto y muy peligroso para superar la crisis”.
“El propio gobierno piensa que esta reforma es una reforma financiera, no laboral, porque pretende que sirva para tranquilizar a los mercados, pero tampoco va a resolver los problemas financieros de nuestro país”, declaró.
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, señaló que trasladó a la ministra Báñez que “no es una reforma para la contratación, sino para el despido; desequilibrada, en cuanto a las causas, costo y procedimientos para el despido”.
“Hemos intentado saber las razones de esta reforma, más allá de que responda a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo”, manifestó.
Criticó que la reunión se haya celebrado después de la aprobación de la reforma y no antes, y pidió modificar el trámite parlamentario que seguirá para poder abrir una nueva ronda de negociaciones que incluya a las centrales obreras a fin de aportar al debate y hacer modificaciones.
En el anteproyecto aprobado el pasado viernes, el gobierno acordó reducir la indemnización para el trabajador por despido improcedente de 45 días a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 actuales, lo que es el punto más polémico de la reforma.
Los casos de despido procedente para las indemnizaciones serán de 20 días trabajados y un máximo de 12 mensualidades, y la reforma precisa cuáles son los casos por los que una empresa puede acudir a esta vía.
“Cuando por causas económicas, cuando se desprenda una situación de pérdidas actuales no previstas o disminución de ingresos o ventas, persistentes por tres trimestre consecutivos”, según el texto del anteproyecto.
