El juez Garzón fue recientemente separado de su cargo por un lapso de once años. ARCHIVO.
El ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicitó hoy ante el Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia que lo inhabilita de la carrera judicial, lo que es un requisito previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
En un comunicado, la defensa de Garzón indicó que la sentencia viola de forma muy grave varios de los derechos fundamentales que tiene como todo ciudadano según la Constitución, y su derecho a la independencia judicial, que la misma reconoce y protege.
Garzón fue inhabilitado el pasado 9 de febrero por el Tribunal Supremo, que le juzgó por un caso de prevaricación (dictar una resolución o sentencia a sabiendas de que es injusta) por su actuación del caso de corrupción Gürtel.
Durante su investigación de esa trama, de empresarios y políticos del Partido Popular (PP), Garzón intervino las comunicaciones de los acusados con sus abogados, quienes le denunciaron al argumentar que esas escuchas solo se pueden autorizar para casos de terrorismo.
En su comunicado, la defensa aseguró que el ex juez sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo es gravísimamente errónea, en cuanto se le condena por una acción que no se encuentra tipificada como delito en las leyes.
Además, el que el fallo se funda en una interpretación de las normas penales que supone una desnaturalización absoluta del Código Penal, con grave quebranto de la seguridad jurídica y que incluso la sentencia desconoce el actual concepto de prevaricación en aspectos esenciales del mismo.
Garzón cree que la sentencia en su contra ha construido a la medida el delito de prevaricación por el que se le ha condenado, y que supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez.
Por tanto, desnaturaliza por completo la excepcional figura de la prevaricación en el ordenamiento jurídico.
Para Garzón, la sentencia en su contra es arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta, y dictada extra legem, ya que incurre en contradicciones internas insalvables, y está impregnada sustancialmente de un decisionismo puramente subjetivo.
Refirió que el Tribunal partió previamente de un designio incriminador en relación con él, vulnerando la exigencia de imparcialidad subjetiva y objetiva exigible a todo órgano jurisdiccional.
Consideró que con ello se prejuzga la cuestión de la culpabilidad del acusado a la luz de consideraciones ajenas al acto del juicio, ya que de la lectura de la sentencia parece que incluso no se ha celebrado prácticamente juicio alguno o que éste ha sido por completo irrelevante para la sentencia.
Garzón estimó que la sentencia vulnera la independencia judicial, que es en sí misma una garantía institucional fundamental para todos los ciudadanos.
Lo anterior ya que la sentencia supone la criminalización de la posición jurídica contraria a la del Tribunal superior al suponer la negación de sus legítimas facultades de apreciación judicial de las pruebas y de interpretación de la leyes en el proceso de instrucción penal.
Con ello, reiteró, se da una indebida criminalización de su conducta, con expulsión incluso de la carrera judicial, lo que supone la negación flagrante del núcleo básico de la independencia judicial.
El comunicado añadió que por lo general las demandas de nulidad de este tipo son rechazadas, por lo que Garzón presentará inmediatamente la demanda de amparo constitucional de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, denunciando estas vulneraciones constitucionales.
