Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que reabra el caso por los hechos violentos del 3 y 4 de mayo 2006 registrados en Texcoco y San Salvador Atenco, entre pobladores y la fuerza pública, ya que aseguran se cometieron abusos de autoridad y violaciones a mujeres que quedaron impunes.
Héctor Galindo Gochicoa, representante legal del FPDT, quien estuvo preso durante cuatro años, explicó que la petición presentada ante la CNDH obedece a que el Congreso de la Unión le otorgó facultades para que pueda investigar las violaciones a las garantías individuales que cometieron policías municipales, estatales y federales contra la población.
El defensor de los ejidatarios que se opusieron a la construcción del aeropuerto alterno del ciudad de México denunció que debido a las lesiones que les provocaron los miembros de la fuerza pública durante el 3 y 4 de mayo murieron varios habitantes que no recibieron ayuda alguna de las autoridades.
Héctor Galindo Gochicoa, Juan Manuel Rodríguez Monter y Martín Gerardo Ramírez Hernández, integrantes del movimiento campesino se entrevistaron con Andrés Aguirre, Tercer Visitador de la CNDH a quien le hicieron la propuesta.
La petición se sustenta en que el 3 y 4 de mayo del 2006 "se cometieron crímenes de genocidio y lesa humanidad" contra los floricultores de Texcoco, y los habitantes de San Salvador Atenco, sostuvo Galindo Gochicoa.
Más de cinco años después de los acontecimientos, no se ha castigado penalmente a los responsables de la represión y sí se han encarcelado a varios miembros del FPDT, los cuales no se han recuperado física ni psicológicamente de las agresiones sufridas por la fuerza policíaca, añadió.
Arturo Elizalde "El Rayito", uno de los miembros del FPDT, murió en el 2011 y sus compañeros argumentan que fue por las secuelas que le dejó la golpiza recibida entonces. Otro de los que enfermaron fue Luis del Valle, primo hermano de Ignacio del Valle Medina, líder del FPDT, a quien le dio diabetes después de los hechos del 3 y 4 de mayo.
La solicitud para que la CNDH reabra el caso quedó asentada en el folio 10445, en el cual se establece que se castigue a los funcionarios estatales y federales que ordenaron el operativo policiaco.
