PF. Las corporaciones en algunas entidades involucran a sus elementos en delitos de alto impacto, de acuerdo con analistas en la materia.
En septiembre de 2011 un grupo de pequeños y medianos empresarios de Monterrey se reunió para escuchar el análisis de expertos en materia de seguridad. Ninguno se explicaba cómo, a pesar de contar con la mayor cobertura policial de su historia, se convirtieron en el objetivo principal de secuestros y extorsiones.
Y lo peor: eran blancos absolutamente simples. "Hemos llegado al extremo de operar en la semiclandestinidad, quitando rótulos y anuncios de nuestras oficinas y negocios. Otros han decidido trabajar mejor desde sus casas, y atendiendo sólo a clientes conocidos", dijo Ángel Quintanilla, presidente de Vertebración Social Nuevo León, la organización civil que convocó al encuentro.
Un mes antes, la Policía Federal envió un contingente de mil 600 elementos para patrullar la zona metropolitana, castigada por la violencia por el supuesto enfrentamiento de cárteles de la droga. Desde el arribo de los primeros agentes, sin embargo, se tuvo registro de crímenes realizados por los mismos policías, además que se desencadenó un escenario de inseguridad que provocó el éxodo masivo de los grandes capitalistas del estado.
Un año después la realidad no ha cambiado demasiado: "En materia de inseguridad seguimos recibiendo llamadas y correos de socios muy preocupados por el tema", dijo Guillermo Dillon, director de Canacintra Monterrey.
Es Monterrey una de las zonas donde la Policía Federal asumió el control de la seguridad pública y los resultados no sólo fueron negativos, sino que involucran a sus elementos en delitos de alto impacto, de acuerdo con analistas en la materia y defensores de los derechos humanos. Pero sobre todo, es un ejemplo claro y cotidiano que retrata el fracaso de un sistema político y de gobierno.
Edgardo Buscaglia, presidente de la Institución Acción Ciudadana e investigador de la Universidad de Columbia en Nueva York, advierte que "el colapso de la Policía Federal -a pesar de los obscenos recursos que ha recibido- es síntoma de una clase política fallida".
La falta de controles, además, fue determinante para que se empleara a la Policía Federal en operaciones violentas con el propósito de recuperar territorios bajo dominio de mafias políticas y criminales, y también para neutralizar y reducir funciones de procuradores generales, subordinar policías locales y desmantelar sistemas de inteligencia que hasta fines de la década de 1990 hicieron posible la paz social, sostiene a su vez Guillermo Garduño Valero, especialista en seguridad nacional, Fuerzas Armadas y narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Es así, explica el investigador, que el presidente Felipe Calderón y el secretario Genaro García Luna emprendieron una guerra, junto a militares y marinos, que devino en caos. "Pensaron que luego de introducir la violencia sobre estos grupos se podían recuperar tanto territorios como estructuras perdidas, y al mismo tiempo romper acuerdos que involuntariamente se habían generado. (…) Lo que provocó guerras entre cárteles y al interior de los cárteles, rotos los acuerdos se dieron confrontaciones con estructuras estatales y muchísimos comandantes se volvieron puntos de eliminación, lo mismo pasó en el ámbito municipal, sobre todo en las regiones fronterizas. Al final terminamos con una tragedia de equivocaciones en la que todos se enfrentan contra todos", detalla.
RECURSOS CONTRA RESULTADOS Desde su creación en el sexenio de Fox, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) jamás dispuso de recursos, tecnología y personal como ahora. En 2006, el presupuesto que se le asignó apenas rebasó los ocho mil 600 millones de pesos. La cifra fue creciendo hasta alcanzar 40 mil 536 millones en 2012. En seis años, el presupuesto total asignado fue de 192 mil 776 millones.
Un aumento igualmente exponencial registró en personal. En 2006 el número de policías federales era de 12 mil 907, tres veces menos que los 39 mil 940 de 2012. No existe antecedente en América Latina ni en Norteamérica que se aproxime a tal incremento, dice Buscaglia. Y al mismo tiempo, ninguna corporación policiaca registra los mismos niveles de ineficacia que la mexicana.
"No vemos ni productos ni resultados en el caso de la SSP federal (...) Todo ese dinero, desde un punto de vista técnico, hasta ahora se ha desperdiciado porque no existe un delito organizado que en promedio disminuya. El homicidio no es un delito organizado, es una manifestación de la delincuencia desorganizada que no se puede dividir territorios y que trata de capturar el Estado. Pero los delitos financieros siguen aumentado en el país". señala el especialista.
Durante los últimos dos meses, las críticas contra la Policía Federal se acrecentaron por varios hechos.
En agosto pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por la actuación de la Policía Federal en los aeropuertos, ante las presuntas violaciones que cometen durante la revisó a pasajeros. Días después, el organismo afirmó que la SSP se negó a aceptar las recomendaciones 62/2010 y 43/2011, relacionadas con hechos violatorios tan graves como detenciones arbitrarias y desaparición forzada. El 7 de septiembre, se giró una recomendación (42/2012) por el uso excesivo de la fuerza contra cinco personas en Cárdenas, Tabasco.
Los incidentes más graves son la balacera de junio en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre elementos de la Policía Federal, aparentemente por presuntos vínculos con tráfico de drogas; así como la balacera en contra de una camioneta diplomática el 24 de agosto en el paraje Tres Marías, en Morelos, donde resultaron heridos dos funcionarios de Estados Unidos y un marino mexicano.
CRIMEN SIN CASTIGO Abraham Aréchiga Villa y Francisco Agustín Sánchez Méndez, dos trabajadores de 18 años de un taller de carrocería y pintura de Nuevo Laredo, tripulaban una camioneta Explorer que recogieron a domicilio, la tarde del lunes 17 de enero de 2011, para repararle unos golpes. Al llegar al crucero de Anáhuac y Monterrey, varios testigos vieron cuando tripulantes de la patrulla de la Policía Federal 13728 les dispararon. Detuvieron la marcha. Entonces los agentes se aproximaron para bajarlos a golpes, sin importarles que estuvieran heridos. Los dos fueron subidos a la unidad y durante horas no se supo de su paradero.
Sus madres acudieron esa misma tarde al cuartel provisional de la corporación, donde negaron tenerlos. Al día siguiente, Alma Delia Méndez Zapata, la madre de Francisco, fue llamada por un agente del Ministerio Público del Estado para identificar el cadáver de un muchacho.
El cuerpo de Francisco fue abandonado a las afueras de la ciudad, en un paraje desértico. El peritaje estableció que las balas que le quitaron la vida penetraron por la espalda. Era la constatación de lo que declararon los testigos del crucero de Anáhuac y Monterrey, pero ninguna autoridad investigó los hechos. La agresión quedó impune.
En Tamaulipas, la presencia de la Policía Federal nutre con sus abusos el escritorio del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el organismo ante el cual han acudido cientos de víctimas o sus familias para denunciarlos, pues no confían en ninguna autoridad.
El presidente del comité, Raymundo Ramos opina que "en meses recientes, a pesar de los patrullajes de la Policía Federal, Ejército y Marina, en Nuevo Laredo se registraron cuatro atentados con coches-bomba: uno en la Presidencia Municipal, otro en el edificio de Seguridad Pública Municipal y del Gobierno del Estado, otro más en un hotel que sirve de cuartel a soldados que realizan funciones de policías y al que se le ha denominado Seguridad Tamaulipas. El último fue en un table-dance", detalló Ramos.
"Este mismo año, la guerra entre cárteles dejó fuertes mensajes de presencia y confrontación y evidenció la debilidad de la Policía Federal: una camioneta con 14 cuerpos mutilados frente a la Presidencia Municipal, una camioneta con otros 14 muertos frente a la Asociación de Agentes Aduanales; una camioneta con 14 cuerpos mutilados a cien metros de la Guarnición Militar de la Plaza de Nuevo Laredo, una hielera con cabezas humanas de nuevo frente a la Presidencia Municipal. En otros municipios, como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria se reportaron situaciones parecidas".
Tamaulipas, agrega, es uno de los estados más ingobernables del país. Han ocurrido fugas masivas de reos, secuestros, masacres como las de San Fernando, asesinatos de periodistas. Resume: "la presencia de la Policía Federal no causó ningún efecto en la operación de los grupos del crimen organizado, no se inhibieron y mucho menos dejaron de operar. Por si fuera poco, las carreteras son hoy las más inseguras de México. Cientos de viajeros fueron secuestrados y desaparecidos desde Nuevo Laredo hasta Tampico, o en las carreteras que comunican a Nuevo Laredo con Monterrey".
La inseguridad extrema en las vías de comunicación federales contribuyó a saturar de expedientes al comité que dirige Ramos, con más de 600 denuncias por desaparición de viajeros nacionales y extranjeros.
"En toda la administración de Calderón los federales no detuvieron a ningún delincuente de relevancia de ninguno de los cárteles. Tampoco hubo decomisos importantes de droga o dinero, como sí ocurrió durante operativos de la Marina y el Ejército mexicano. Eso, creo, ofrece un retrato fiel de la presencia de la Policía Federal en Tamaulipas", dice Ramos.
VIOLENCIA QUE SE EXPANDE Tamaulipas no es la única entidad donde el crimen y la violencia se elevaron tras el arribo de la Policía Federal. Lo mismo ocurrió en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, según autoridades locales. Por ejemplo, en julio, el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, declaró que ese mes la ciudad registró un aumento notable "pese a la llegada de federales y militares". En mayo y junio, decenas de agentes fueron enviados a la zona para reforzar las medidas de seguridad. Lo que pasó los meses siguientes fue una inhibición casi total de la denuncia.
El Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna informó que "entre junio de 2011 y junio de 2012 se registró menos de un secuestro por mes en la zona metropolitana de La Laguna. (…) Las cifras oficiales sobre plagio y extorsión no permiten dimensionar el tamaño del problema. Es absurdo pensar que en un área que tiene tasas del doble a la media nacional en homicidios no se tengan estos delitos", dijo Marco Zamarripa, miembro de dicho consejo, durante una conferencia.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, se vivió un episodio mayor de violencia y crimen inmediatamente después que la Policía Federal asumió el control de la seguridad pública en el municipio, en 2009.
Corrupción en la PF
En Baja California el papel de la corporación se redujo al máximo desde 2008. En abril de ese año, el entonces comandante de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, denunció la red de policías involucrados con la delincuencia organizada. Fue el inicio de una serie de señalamientos en contra de agentes estatales, federales y municipales.
La consecuencia es que toda la Policía y la seguridad pública quedó de facto, bajo responsabilidad militar. Aponte Polito fue removido al año siguiente y en su lugar entró Alfonso Duarte Mújica. El general de División hizo mancuerna con el teniente coronel Julián Leyzaola y juntos neutralizaron por completo a la PF.
El secuestro y la extorsión casi fueron desterrados del estado, dice Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.
El activista explica la violencia extrema en el resto de los estados del norte mexicano como una confrontación de fuerzas policiacas, donde algunos de sus elementos se convirtieron en mafia.
