Suavizan cargos a siete acusados por 'moreirazo'
Siete de los acusados por el estratosférico endeudamiento del estado de Coahuila, conocido como "moreirazo", son señalados por violación de la Ley de Instituciones de Crédito, pero libraron los delitos de uso de sello falso, asociación delictuosa y uso indebido de documentos.
Por el caso de dos créditos por 2 mil 100 millones de pesos, obtenidos presuntamente con documentos falsos, un juzgado federal ordenó en febrero pasado las aprehensiones de siete exfuncionarios por sólo uno de los delitos pero la negó en el caso de tres ilícitos.
De acuerdo con datos de la causa penal 17/2012, del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Reclusorio Norte, la acusación de la PGR sólo procedió por violación de la Ley de Instituciones de Crédito, pero fracasó por uso de sello falso, asociación delictuosa y uso indebido de documentos.
Las capturas procedieron contra 5 exfuncionarios del Gobierno de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira y 2 de la Secretaría de Hacienda, estos últimos presos en el Reclusorio Norte.
La PGR impugnó ante un tribunal unitario penal la resolución del juzgado y está a la espera de que se resuelva si procede o no en definitiva las capturas por los demás ilícitos.
Según los datos, el juzgado ordenó capturar a Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y Sergio Ricardo Fuentes Flores, exadministrador general de Políticas Públicas del organismo.
También a Juan Manuel Froto García, exdirector general del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa; Enrique Ledezma Sánchez, exsubadministrador de Políticas Públicas, y Juan Manuel Delgado Hernández, empleado del SATEC.
Los exfuncionarios federales contra quienes procedió la captura son Jaime René Jiménez Flores, quien al momento del ilícito se desempeñaba como director de Deuda Pública, y Jorge López Alarcón, exjefe de Departamento por Honorarios, ambos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.
Dichos servidores públicos son los únicos a los cuales les ha sido cumplimentada la nueva orden de aprehensión por el "moreirazo", pues ya estaban presos en el Reclusorio Norte desde el mes pasado, por una primera acusación.
La imputación que sí procedió contra ellos es que los funcionarios estatales usaron en 2010 y 2011 documentos falsos para contratar un crédito de mil 100 millones y otro de mil millones en Banco Santander; en tanto que los funcionarios de Hacienda inscribieron este adeudo en los registros oficiales.
Contra los siete implicados procedió la aprehensión por violar el artículo 112, párrafo cuarto, fracción primera, de la Ley de Instituciones de Crédito, en una modalidad que es grave y prevé de 8 a 15 años de prisión a quien proporcione datos falsos para obtener un crédito.
Atribuyen a Villarreal el retiro de recursos
Una funcionaria del Banco del Bajío declaró ante la PGR que Héctor Javier Villarreal, extitular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) fue quien retiró los mil millones de pesos de un crédito solicitado en forma presuntamente fraudulenta.
Ana María Aguilar, directora de la Región Norte del banco, declaró el 1 de noviembre ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, los movimientos de los que tuvo conocimiento, como parte de las indagatorias que dieron lugar a la causa penal 7/2012."El 18 y el 25 de febrero de 2011, el Gobierno del Estado de Coahuila dispuso de 600 y 400 millones de pesos, respectivamente, al amparo del crédito citado, por conducto del secretario ejecutivo del SATEC, Héctor Javier Villarreal Hernández", recordó.
