A 10 años de creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, se registra un incremento del 20.7% de los delitos, al pasar de 4 mil 412 delitos por cada 100 mil habitantes a 23 mil 956, lo que originó un aumento de la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
De acuerdo con el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la inseguridad que se registró en el país creció a un ritmo de 4.5% anualmente, al pasar de 47.0% a 70.0%.
La ASF detalla que a pesar de que se incrementó la inseguridad no se ha logrado establecer un vínculo entre los ciudadanos y las autoridades, ya que "no se reflejó en un aumento proporcional de las denuncias ante las autoridades ministeriales".
El apartado donde se evalúa el rendimiento de la SSP federal, menciona que las denuncias crecieron anualmente 1.7%. En el informe 2010, explica que el gasto de la SSP federal aumentó, en términos reales, a un ritmo de 37.8% en promedio anual, al pasar de mil 147 millones 248 mil 500 pesos en 2006, a 4 mil 131 millones 214 mil pesos en 2010.
Sin embargo del total de los recursos por la SSP, la Subsecretaría de Prevención y Participación ciudadana sólo ha tenido un aumento del 0.1% anual, al pasar 157 millones de pesos en 2006, a 158 millones en 2010, lo que la colocó como la unidad administrativa con el menor crecimiento de recursos ejercidos en la SSP.
El documento señala que la cobertura de las acciones desplegadas por la SSP en materia de prevención social del delito es poco significativa, ya que los 466 mil de personas considerados beneficiarios de la implementación de programas de prevención con la ciudadanía y fomento de la cultura de la legalidad representaron el 0.4% de la población total del país, mientras que, de acuerdo con la tasa de delitos cometidos en 2010 calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese año se cometieron alrededor de 26 millones de delitos, lo que implicó un probable número semejante de víctimas.
AI demanda cumplir con obligaciones
Amnistía Internacional pidió al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación, su intervención para exigir al Gobierno de México que cumpla sus obligaciones y ponga un alto a los abusos cometidos contra indígenas, inmigrantes y defensores de los derechos humanos.
"Lo que pedimos es que en sus conclusiones el comité exija al Gobierno mexicano acabar con la incongruencia del Estado entre lo que dice y lo que cumple", señaló en entrevista Rupert Knox, investigador para México del organismo civil.
"Queremos que los resultados del comité señalen las deficiencias para que sean integradas plenamente en las políticas de gobierno para combatir la discriminación racial con medidas concretas", agregó.
