PRI. Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional, está bajo sospecha de recibir dinero del crimen organizado.
En sesión extraordinaria, el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, a solicitud del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Pedro Joaquín Coldwell.
La decisión de retirar los derechos políticos del otrora funcionario -acusado en Estados Unidos por presunto "lavado" de dinero- se informó mediante un boletín del partido.
Coldwell instó esta semana "a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria a que, de manera cautelar ante la gravedad de las acusaciones en su contra, determine la suspensión de derechos del militante Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y las demás sanciones que conforme a derecho procedan en términos de los artículos 223 al 228 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional".
De acuerdo con el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas, desde 1998 el cártel del Golfo "pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos en forma permanente", a cambio de protección para sus actividades criminales.
Los sobornos, detalla, "fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas; estas prácticas ocurren desde principios de 1998 hasta el presente", y, aunque no se tiene el monto de las operaciones, se estima que éstas ascienden a varios millones de dólares.
El pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización "ocurre desde 1998 y hasta la fecha", según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano-Martínez, como uno de los "lavadores" de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de ocho empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del exgobernador Tomás Yarrington.
El proceso legal contra Yarrington y otros involucrados es resultado de una investigación de la multiagencia Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) y fue conducida en Brownsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, en Texas.
CATEA PGR PROPIEDADES DE YARRINGTON EN TAMAULIPAS La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que Napoleón Rodríguez de la Garza, empresario ferretero a quien atribuyen ser prestanombres de Tomás Yarrington, se encontraba declarando en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
También se informó que en los últimos días se han realizado cateos, tanto en Matamoros como en Ciudad Victoria, en propiedades del ex gobernador, así como de Fernando Alejandro Cano Martínez; de su ex empleado, Eduardo Rodríguez Berlanga, y de Faruk Fatemi Corcuera, socio de Yarrington.
En las últimas horas y días, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó cateos en diversos domicilios ubicados en Ciudad Victoria y Matamoros, Tamaulipas, que pertenecen a Fernando Cano Martínez, Eduardo Rodríguez Berlanga, Napoleón Rodríguez y Faruk Fatemi Corcuera, así como también en Matamoros fue cateada una casa del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Fuentes policiales señalaron que en el municipio de Matamoros fue cateada por Fuerzas Federales la casa y una empresa de Napoleón Rodríguez de la Garza, de 56 años de edad, presunto prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.
En aquel municipio también habría sido cateada una propiedad del exmandatario, que se ubica en el Fraccionamiento Río.
