La declaración del gobernador Rubén Moreira en el marco de una reunión del programa Laguna Segura, respecto al problema de inseguridad que enfrenta nuestra ciudad y región, apunta a una verdad reconocida y a una estrategia obligada: "tenemos que recomponer el tejido social que nos llevó a esta situación...".
Con las palabras que anteceden el mandatario coahuilense reconoce que el único modo en que podrá componerse el tejido social en deterioro creciente, es en base a la participación ciudadana en la solución a los problemas de la comunidad y a partir de la atención de las autoridades a través del diálogo. Sin embargo, las intenciones que expresa el mandatario coahuilense no corresponden a la hora de los hechos con la política de su gobierno, que se caracteriza por un estilo cerrado que con frecuencia excluye a los actores sociales de la deliberación previa a la toma de cualquier decisión sobre los problemas que afectan a la comunidad.
Como botón de muestra está la reunión misma que es objeto de comentario, en la que estuvieron presentes autoridades de todos los niveles de gobierno incluido el director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación, en la que brillaron por su ausencia los representantes del sector empresarial de la Comarca del Consejo Lagunero de iniciativa Privada (Clip) y del Grupo Empresarial de la Laguna (GEL), quienes reclamaron al mandatario coahuilense el haberlos excluido de la junta.
A la interpelación de los empresarios Moreira ofrece oídos sordos, lo que revela que su actitud no deriva de un error aislado, sino que corresponde a una política de gobierno deliberada que gusta de aplicar la ley del desdén a sus gobernados.
A lo anterior corresponde el trato recibido por los pobladores del ejido Benito Juárez del municipio de Matamoros que reclaman el pago de una indemnización por terrenos de uso común que están siendo afectados por la ampliación de una carretera, y para tratar el tema piden ser recibidos por el Gobernador. El Ingeniero Gabriel Calvillo, representante del ejecutivo coahuilense, ofrece como desconcertante respuesta que: "no está contemplado el pago de estos terrenos, estamos apelando a su buena voluntad (de los ejidatarios)..." y en cuanto a la audiencia solicitada: "yo sólo comunico al Gobernador su petición, yo no llevo la agenda ni sus decisiones...".
Podemos citar uno a uno diversos ejemplos sobre la relación abismal del pueblo con el gobierno de Moreira que incide en la descomposición del tejido social. Opera un cambio de titular en el Registro Público de la Propiedad de nuestra ciudad y la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón que celebra sus cien años de existencia, no merece siquiera ser notificada de lo ocurrido.
El mal ejemplo cunde y el estilo excluyente contagia al Gobierno Municipal, como se desprende de la entrevista que ofrece el presidente del Colegio de Arquitectos de La Laguna dando a conocer: "El Ayuntamiento de Torreón no nos toma en cuenta, no nos ha dado a conocer el Plan de Desarrollo Urbano ni se nos informa sobre el avance de las obras públicas".
El representante de los arquitectos organizados de la región asegura que "el Ayuntamiento no tiene personal capacitado ni suficiente para supervisar la obra pública" y que el Colegio que representa está en espera de que "se les conceda a sus integrantes una reunión de información y trabajo con las Direcciones de Obras Públicas y Urbanismo del Municipio".
Los comentarios precedentes tienen como referencia notas reporteriles publicadas por El Siglo de Torreón en los últimos cuatro días y revelan que la indiferencia sistemática de las autoridades a las peticiones de los ciudadanos, generan un clamor general que tampoco es atendido.
