N Uevamente fracasó de manera rotunda la campaña para registrar a votantes mexicanos que residen en el extranjero.
Y la razón es muy sencilla, tanto la ley electoral como la escasa creatividad de los funcionarios del Instituto Federal Electoral originaron que en este 2012 se recibieran apenas 61,687 solicitudes de registro.
Esto significa casi el 10 por ciento más de 2006 cuando se inscribieron 56,749 mexicanos para votar desde el exterior.
Los jefazos del IFE presumen que la campaña fue en esta ocasión exitosa porque se utilizó un presupuesto de $203 millones de pesos contra los $384 millones que se gastaron en el 2006. Si todos las solicitudes recibidas son aprobadas, cada voto tendrá un costo aproximado de $3,290 pesos contra los $6,700 pesos de hace seis años.
Pero si nos vamos al porcentaje de la población captada en esta campaña veremos números magros por no decir que ridículos.
En Estados Unidos hay unos 12 millones de mexicanos que nacieron en México, además de muchos millones más que son hijos de mexicanos con derecho a la doble nacionalidad y por ende a votar.
Si estimamos conservadoramente que unos seis millones de mexicanos que viven en Estados Unidos están en edad de votar, significaría que el registro de solicitudes alcanzó apenas el uno por ciento del número de votantes potenciales.
En términos de bateo en beisbol esto sería un desastroso porcentaje que ameritaría despedir al jugador de manera inmediata con todo y coach de bateo y al manejador del equipo.
Si los comparamos al número global del padrón electoral los resultados serían todavía más penosos. Se calcula que para la elección federal de 2012, el padrón ascenderá a 75 millones de votantes de los cuales una ínfima parte --61,687-serán mexicanos residentes en el extranjero.
Al igual que en 2006, los requisitos para darse de alta para votar desde el extranjero son complicados y excesivos, además dentro de un calendario por demás reducido. El límite para registrarse venció desde el pasado 15 de enero cuando ni siquiera han empezado de manera oficial las campañas políticas.
Por si fuera poco se exige como primera condición el tener una credencial para votar vigente cuando sabemos que muchos mexicanos llevan diez, veinte o más años de vivir en el extranjero. Aun cuando la hubieran tramitado, ¿cree usted que la conservarán por tanto tiempo?
Una vez más nos preguntamos, si tanto defienden las autoridades mexicanas la autenticidad y validez de la matrícula consular, ¿por qué no utilizarla como un documento de identificación para votar?
Otros países permiten a sus ciudadanos votar desde el extranjero a través de las embajadas y oficinas consulares con tan sólo mostrar su pasaporte o una credencial oficial vigente.
Pero en México, acostumbrados a la burocracia y a desconfiar entre unos y otros, hemos complicado demasiado este proceso y de ahí los exiguos resultados que hoy se cosechan.
Nos gustaría saber si este programa para empadronar a los mexicanos en el exterior tiene que ver únicamente con la miopía de los legisladores que hicieron la ley electoral o si existe en el fondo un sentimiento de discriminación por no decir desprecio a quienes por razones de trabajo, estudio, salud o seguridad han dejado México de manera temporal o definitiva.
Es evidente que además existe un temor latente de los partidos políticos hacia los mexicanos en el exterior porque se trata de personas que votarían con mayor libertad y que en algún momento podrían inclinar la balanza hacia uno u otro candidato sin que autoridades y políticos pudieran impedirlo.
¿Se imaginan en el futuro a un padrón de seis a ocho millones de votantes, quienes desde el extranjero apoyaran a un candidato independiente para romper con la nefasta partidocracia mexicana?
Bien dicen que el miedo no anda en burro y de ahí que el sistema político se encargó una vez más de bloquear el registro de votantes mexicanos que viven fuera del país. Fueron apenas 61,687 solicitudes cuando bien pudieron recibirse dos, cuatro o seis millones. Qué pena.
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