El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió otras peticiones para invalidar el proceso, promovidas por el sector magisterial, tuiteros, sindicatos, y ciudadanos en lo individual. (Notimex)
Además del juicio emprendido por la coalición Movimiento Progresista para anular la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió otras peticiones para invalidar el proceso, promovidas por el sector magisterial, tuiteros, sindicatos, y ciudadanos en lo individual.
Incluso hubo quienes demandaron al Tribunal declare inválidos los más de 15 millones de votos obtenidos por el aspirante de esa coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y un ciudadano de Aguascalientes además de impugnar la elección, pidió a los magistrados "se le tenga como ganador en esa elección".
Un recurso de nulidad fue presentado por el bloque de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Unión Nacional de Jubilados Civiles y Militares de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTE).
El asesor jurídico sindical José Antonio Vital, además de Irma Acela Pérez y David Vences fungen como representantes de ese sector laboral, cuya impugnación identificada como JIN 357/2012 fue turnada al magistrado Pedro Esteban Penagos para la elaboración del proyecto de resolución.
Entre otras cuestiones impugnaron los resultados consignados a favor de la coalición electoral Compromiso por México y su candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, "señalando también como responsables a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales".
El TEPJF recibió otras doce peticiones, entre ellas, un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC 1789/2012 planteado por los tuiteros encabezados por Eduardo Javier Castro, solicitudes para declarar la "nulidad abstracta" de la elección, y otra que alega que el IFE cometió "fraude jurídico".
