El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez tiene un doble discurso en materia de seguridad personal, aseguró hoy el diputado y dirigente del opositor partido de centroizquierda Un Nuevo Tiempo (UNT), William Ojeda.
“El gobierno condena las muertes que ocurren en el país por la circulación de armas ilegales, pero igualmente destina seis mil millones de dólares a la compra de armamentos y municiones a Rusia”, precisó Ojeda.
El periodista de profesión y diputado a la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) aseguró que en Venezuela existen unas 12 mil armas ilegales en manos de criminales, las cuales estarían involucradas en la ola de homicidios que sacude al país.
“Sin embargo, el gobierno no se atreve a decomisar estas armas, pese a que existe una ley para desarme que se encuentra vigente, pero que dejó de aplicarse, no sabemos por qué razón, desde el año 2002”, denunció el dirigente opositor.
Dijo que la primera tarea del Consejo de Estado, creado en forma reciente por el presidente Chávez, debe ser la de detener la “ola de violencia homicida” que afecta a los venezolanos, lo que se convirtió en un “clamor nacional”.
“La función primordial de este Consejo, previsto en la Constitución de la República y cuyos integrantes fueron designados por el jefe de Estado la semana pasada, es recomendar políticas de interés nacional como órgano superior de consulta del gobierno”, subrayó.
Explicó que por esa razón la oposición democrática venezolana exige a sus integrantes que aborden el tema de los secuestros, el sicariato y el narcotráfico, “tres grandes males que nos azotan y los que hay que combatir”, enfatizó el legislador.
Afirmó que “sería muy valioso que el nuevo equipo asesor del gobierno pudiera ayudar a la instancia pública con ideas concretas para actuar firmemente ante el auge delictivo, pues para eso son los cargos públicos y no para envilecerse con el poder”.
Se refirió a los recientes asesinatos de Jesús Aguilarte, ex gobernador del estado Apure; del general Wilmer Moreno, ex subdirector de inteligencia militar; del periodista Orel Zambrano, y de Gamal Richani, fiscal con competencia nacional, entre otros.
“Esta barbarie debemos detenerla y todos los órganos del Estado venezolano, así como el pueblo todo, debe reaccionar ante la tragedia que significa esta ola de violencia y crímenes que se ha desatado en Venezuela”, solicitó Ojeda.
