L pasado lunes primero de octubre en diferentes medios de comunicación se anunció que el Estado Mexicano asumía su responsabilidad en la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera ocurrida hace diez años, por miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación. En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la madre del joven desaparecido expresó su dolor e indignación por dicho suceso y exclamó, delante de las autoridades federales, "que me lo devuelvan" haciendo mención al cadáver de su hijo.
La actual procuradora de la República Marisela Morales Ibáñez, en nombre del Estado Mexicano, reconoció que hace una década se desapareció forzadamente a este joven y dicha acción implicó una violación a su libertad personal, a su derecho a la vida, a la integridad personal y al respeto de su personalidad jurídica y ofreció una "sincera disculpa".
Se reconoce que el gobierno haya asumido su responsabilidad en este caso, aunque esto no llene el vacío que deja la pérdida de un ser querido a sus familiares y lo más importante, no resuelve un problema que implica a gran número de personas, pues un informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU del 20 de diciembre de 2011, recoge el testimonio de diferentes organizaciones civiles donde se afirma que más de tres mil personas habrían sido desaparecidas en el país de 2006 a 2011, año en que se emitió el citado informe.
Las estadísticas anteriores no especifican cuántas desapariciones son por parte de miembros del crimen organizado y cuántas a manos de las autoridades, sin embargo, se afirma en el documento citado, que según la información recibida por el Grupo de Trabajo, algunas de éstas podrían calificarse como desapariciones forzadas debido a la participación directa o indirecta de agentes estatales.
Todo esto, sin duda, evidencia nuevamente algo que no es un secreto: la incapacidad del Estado Mexicano por brindar, primeramente, protección a sus ciudadanos, así como un deplorable sistema judicial, en el que bien sabemos, tiene muchas inconsistencias al detener en una supuesta flagrancia sin comprobar, en la acusación de testimonios y pruebas que no son del todo claras y por último una gran corrupción de las instituciones de justicia.
En estos tiempos difíciles para el país por la inseguridad que se vive, las autoridades deben actuar rápido y acertadamente, pero sin olvidar jamás los derechos humanos de cualquier persona y sobre todo, tener una transparencia confiable para cualquier ciudadano. Es difícil creer que además del acecho del crimen organizado, tenemos que cuidarnos de las propias autoridades que tienen como deber brindar protección y seguridad a cualquier mexicano.
Ahora bien, el caso de Jesús Ángel no debería repetirse, pues ninguna persona ni familia debe quedar defraudada ni traicionada por quienes se supondría tendrían que velar por la paz y la justicia de todos. Y aunque en muchos casos no se desaparecen personas, sí se violan los derechos humanos y ciudadanos por parte de algunas autoridades.
Según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año pasado, se atendieron cuatro mil 378 quejas promovidas en contra de las autoridades por hechos violatorios, como alteración de las escenas de los hechos, los cateos ilegales, la privación de la vida, detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante, empleo arbitrario de la fuerza pública, retención ilegal e integración irregular o deficiente de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia.
Todo lo anterior nos habla, no de un hecho aislado sino de una práctica recurrente en México, donde constantemente los ciudadanos se quejan de las autoridades, de la corrupción de algunas instituciones gubernamentales, sin embargo, en muchos casos y sin olvidar a muchos buenos mexicanos, son los mismos ciudadanos los que somos copartícipes de esta situación.
Al dar la famosa "mordida" por "ahorrarnos tiempo", enseñando a nuestros hijos a ser "más listos" que honestos pues parece más fácil, al enseñar a decir las mentiras piadosas, a no tener el respeto por los que nos rodean en la familia, en la escuela o trabajo, entre tantas cosas, vamos alimentando a un sistema corrupto. A veces nos quejamos de la situación del gobierno, pero el gobierno no es un ente imaginario sino que está compuesto por personas que salieron de familias en las que muchas veces también daban "mordida" o les enseñaban a hacer las cosas fáciles.
En la próxima ocasión que usted escuche algún acto incorrecto por parte de alguna autoridad, pregúntese cuánto ha contribuido en el sistema corrupto con sus pequeños actos deshonestos, que pudieran ser insignificantes, pero a la larga se harán grandes como el caso de Jesús Ángel.
Hace diez años ocurrió este triste caso, pero hoy sin duda alguna está ocurriendo algún acto corrupto en algún punto del país y mañana, desgraciadamente, pudiera ocurrirnos algo similar a cualquiera de nosotros. Usted apreciado amigo lector ¿qué opina?
