Administración y control. Palabras clave para cualquier gobierno que pretenda ser eficiente y responder a las demandas de la ciudadanía. Un gobierno que no puede hacer frente a sus compromisos financieros ni establecer los mínimos mecanismos de supervisión interna, es un gobierno imposibilitado para caminar hacia adelante. Porque no es posible encarar retos externos cuando no han sido superados los internos. Para practicar una buena administración y ejercer un control adecuado, el liderazgo y la voluntad son fundamentales.
Luego de casi tres años de haber iniciado su gestión, el ayuntamiento que preside el priista Eduardo Olmos no sólo ha sido incapaz de cumplir su promesa de "rescatar Torreón", sino que ni siquiera ha logrado establecer un mínimo de orden. Los síntomas están a la vista. En los últimos días han aparecido dos más de ellos. Primero, ante la amenaza de suspensión del servicio de limpieza por parte de la concesionaria, el tesorero Pablo Chávez pagó a la empresa sólo una parte de lo que le debe… con un cheque ¡posfechado! El ridículo, pues.
Segundo, un empleado adscrito a la Secretaría Privada del Ayuntamiento fue videograbado cuando, junto a otras personas hasta ahora no identificadas y utilizando un vehículo oficial con placas de otra unidad municipal, presuntamente robaba rieles de una vía en desuso al suroriente de la ciudad. La respuesta del contralor Lauro Villarreal frente a este último hecho ha sido inconsistente.
Aunque para las autoridades y sus defensores estos casos son "anecdóticos", lo cierto es que forman parte de una larga lista de acciones y omisiones que permiten delinear el perfil de un gobierno que no cuenta con los elementos básicos para funcionar.
Forman parte de la historia de esta administración municipal los amagos de suspensión del servicio de energía eléctrica a la Presidencia Municipal; el corte del servicio telefónico al DIF por falta de pago; el injustificable uso del recurso del Fondo de Pensiones, dinero que es de los trabajadores; la cancelación de programas federales por falta de aportación municipal -¿dónde quedó el ambicioso proyecto de la "Ciudad DIF"?-; la ausencia de recursos para programas de Desarrollo Social y para atender los graves problemas de alumbrado público; la sospechosa desaparición del programa de Microcréditos, luego de 15 años de funcionamiento; la opacidad en el destino de los recursos procedentes de los impuestos; la incapacidad para justificar por qué no ha bajado el gasto de nómina con todo y el pregonado "plan de austeridad"; la poca claridad en el tema de la deuda municipal, y el retraso en el pago de seguros de policías, aportaciones a organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones.
Luego de revisar cada uno de estos casos -publicados todos en las páginas de este diario-, nadie se atrevería a decir que Torreón cuenta con finanzas públicas sanas y transparentes, como asegura el tesorero Chávez, quien, ante las críticas y reclamos, gusta de torcer el lenguaje y utilizar curiosos eufemismos como "resequedad financiera" o "restricción de flujo" para referirse a la evidente falta de dinero, la cual resulta inexplicable si consideramos que la actual administración ha presumido contar con "recaudaciones históricas".
Aunque es cierto que, como dicen algunos, el Ayuntamiento ha resultado afectado por el desastre financiero de Coahuila, ya que el estado ha trasladado al municipio compromisos como, por ejemplo, el del programa alimentario y la Gran Plaza, este solo hecho no explica todo el desbarajuste del gobierno de la ciudad, al que, por cierto, se le puede reprochar el haber asumido esos compromisos a sabiendas de los problemas que le acarrearían. La subordinación del alcalde ante el gobernador una vez más puesta en evidencia.
Pero no es todo. De esta administración también podemos contar varias perlas en relación con la ausencia de controles internos eficientes. Ahí está el caso del desfalco al departamento de Parquímetros, del que sólo una persona ha sido responsabilizada y por el cual se inició una supuesta auditoría cuyos resultados se ignoran. O el escándalo de la red de corrupción al interior del Catastro Municipal para alterar valores en detrimento del erario, sobre el cual se inició una investigación cuyo avance se desconoce. O la participación de empleados del departamento de Alumbrado Público en el robo de cable y equipo eléctrico, delito por el que hace apenas unas semanas se presentó una denuncia, cuando ha venido afectando el patrimonio público desde hace años. Y en medio de investigaciones que nunca acaban y el surgimiento de más casos de corrupción, se da la misteriosa salida del coordinador de Auditorías de la Contraloría, Luz Ángel de Luna, bajo el absurdo pretexto de que para él "ya se acabó el trabajo".
Frente a estos y otros casos, la postura, mejor dicho excusa, del contralor Villarreal ha sido que "es imposible vigilar a cada uno de los 2,500 empleados del Ayuntamiento", como si tuviera que hacerlo él mismo en persona. Lo cierto es que el contralor no ha logrado crear eficientes y confiables estructuras de supervisión que permitan evitar casos como los mencionados anteriormente o, en su defecto, detectarlos a tiempo para que el daño sea menor, y aplicar castigos ejemplares que disuadan a otros trabajadores de incurrir en irregularidades.
Con todos estos ejemplos de ineficiencia administrativa y ausencia de control, no debe sorprender el deterioro que muestra la ciudad, deterioro que si bien inició desde el cuatrienio del panista José Ángel Pérez, se ha agravado en el de Olmos. A la luz de lo expuesto, el alcalde que en campaña prometió rescatar a una ciudad, hoy por hoy encabeza una administración que no puede ni siquiera rescatarse a sí misma.
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