La democracia no es sólo un asunto de electores, candidatos o partidos. Circunscribir la democracia únicamente al ejercicio del sufragio es limitarla y dejarla en el principio. La democracia es más una cuestión de toma de decisiones y consensos, que de votos y elecciones. Y en una sociedad que aspire a ser democrática, esa toma de decisiones, esos consensos, deben alcanzar todos los aspectos de la vida pública.
En México, uno de los temas más alejados de la participación ciudadana es el de la obra pública. ¿Qué se hace con nuestro dinero y por qué? ¿Quién decide que se construya un puente, que se levante un edificio o que se trace una nueva calzada? ¿Cuáles son los criterios para usar los recursos públicos en cierto proyecto o programa? ¿Cuál es el beneficio real de la obra pública y el impacto en una comunidad? Torreón es un ejemplo de cómo la discrecionalidad, exclusión y verticalidad de los gobiernos en el ejercicio de la inversión pública no sólo ha evitado obtener el mayor beneficio del uso de los recursos de los contribuyentes, sino que también, en muchos casos, ha traído perjuicios a la ciudadanía.
La controversia surgida en torno al comité técnico del Impuesto Sobre Nómina, motivada por el reiterado incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno de Coahuila y la renuencia (o imposibilidad) de éste a aportar más recursos, es tan sólo un síntoma de un problema mucho mayor. La gestión y aplicación de los recursos está viciada de origen. Los representantes de los organismos empresariales que participan en el comité se quejan de la opacidad y falta de seriedad del Ejecutivo Estatal a la hora de decidir qué hacer con el dinero recaudado. A su vez, el Ejecutivo Estatal critica a los organismos empresariales laguneros por privilegiar el reclamo sobre la colaboración. Pero luego de ese estira y afloja, y por la debilidad política de la iniciativa privada, termina por imponerse la visión y decisión del gobierno.
Pero lo que ambas partes parecen no entender es que los recursos en cuestión no son patrimonio exclusivo de ellos. Ni pertenecen a la iniciativa privada, ni son propiedad del gobierno estatal. Al provenir de un impuesto cobrado a particulares -como la tenencia, derechos vehiculares, predial, etc.-, ese dinero es un bien público. Y el gobierno es sólo el administrador de ese bien. Y las ventajas de ese bien deben ser no sólo para quien lo aporta o administra, sino para la ciudadanía en su conjunto. La existencia de un comité del ISN integrado sólo por la clase empresarial redunda en esa visión exclusivista del ejercicio de los recursos públicos, que, como hemos visto, termina por convertirse en un mero disfraz para la imposición de las decisiones tomadas de antemano en Saltillo. Es decir, una simulación.
Esta visión autoritaria y sectaria de la inversión pública ha costado mucho a ciudades como Torreón. Y no se trata sólo de que en esta ciudad se ejerzan menos recursos que en la capital del estado, sino sobre todo del beneficio real que generan los pocos o muchos pesos que se invierten. Es más una cuestión de calidad que de cantidad. Y es que, al revisar las obras públicas que se han llevado a cabo en Torreón en los últimos seis años, en prácticamente toda la cadena del proceso pueden detectarse deficiencias y encontrarse con esa visión autoritaria y sectaria.
Todo proyecto de obra debe partir de un diagnóstico. Qué problema tiene una ciudad, a quiénes afecta y cómo resolverlo. Actualmente ese diagnóstico, cuando existe, es elaborado en las altas esferas del poder, por lo que tiende a excluirse la opinión de la mayoría, a la que supuestamente se pretende beneficiar. No es extraño, pues, que la mayor parte de los recursos para infraestructura urbana se inviertan en proyectos pensados en una minoría de la población, la que posee un vehículo.
Pero la exclusión no se da sólo en la concepción de los proyectos, sino también en la planeación de las obras. La figura central de la nueva infraestructura urbana es el automóvil. Los peatones, ciclistas y motociclistas son relegados en los diseños de las nuevas vialidades y pasos a desnivel, en donde el transporte colectivo tampoco es prioridad, basta ver el estado actual de las rutas, conexiones y paraderos.
Luego de que se concibe y se planea la obra, es raro que una autoridad busque la anuencia de quienes serán los principales afectados mientras dura la construcción. Se da por sentado que todos desean la obra y que todos están dispuestos a asumir las consecuencias. Los ciudadanos son considerados como agentes pasivos que deben someterse a las decisiones de los gobiernos que, según el discurso oficial, actúan por su bien.
Después vienen los problemas de la falta de transparencia en la aplicación de los recursos, la escasa disposición de elementos que aminoren el impacto negativo de la obra en proceso, la tardanza en la ejecución, el encarecimiento de los costos, los errores en la supervisión y, por último, la entrega de una obra inconclusa y distinta a la proyectada originalmente a la cual pocas veces se le da mantenimiento. Esto en el mejor de los casos, porque si la obra resulta fallida, hay demolerla y reconstruirla. El Distribuidor Vial Revolución es el más ominoso ejemplo de ello.
Pero se podrían citar otros ejemplos, menos drásticos quizá, pero que igual demuestran el deficiente proceso de desarrollo de obras en Torreón. La antigua carretera a San Pedro, la nueva sede de la Presidencia Municipal, el Periférico Raúl López Sánchez, el paso a desnivel los Álamos, el Sistema Vial Alianza, entre otros. Y mientras se carezca de un plan integral de desarrollo urbano que considere a voces de todos los sectores de la comunidad, continuaremos viendo cómo se gastan millones de pesos en caprichosos proyectos de malas obras que benefician a una minoría y que no contribuyen a hacer de Torreón una ciudad más habitable y transitable.
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