Radical giro dio la estrategia priista en referencia a las denuncias de que ex gobernadores emanados de dicho partido tenían vínculos con el narcotráfico: de su defensa a ultranza e, incluso, la denuncia de que eran víctimas de una campaña de desprestigio por parte del Gobierno Federal y su partido, pasaron a la suspensión de Tomás Yarrington y el pronunciamiento de su abanderado de que "es hora de romper con el pasado".
Apenas en febrero, el PRI y su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, defendieron enfáticamente a los ex gobernadores tamaulipecos, entre ellos Tomás Yarrington, y denunciaron una supuesta campaña de desprestigio por parte del Gobierno Federal y su partido. En ese momento, el entonces precandidato tricolor denunció: "La campaña está a dos meses de que formalmente arranque, pero lo que sí ha iniciado ya son los ataques de los contrarios, aquellos a quienes sólo les ocupa hablar del PRI, señalar al PRI, descalificar al PRI y a sus candidatos. Pero los priistas de ninguna manera caeremos en esa provocación".
Sin embargo, el martes el gobierno norteamericano presentó dos denuncias civiles para decomisar dos propiedades del ex gobernador priista Tomás Yarrington, que presuntamente habría adquirido con dinero proveniente del narcotráfico, a través de prestanombres, entre los cuales se encuentra Fernando Alejandro Cano, contra quien existe una orden de aprehensión en el vecino país del norte por lavar dinero de políticos mexicanos.
Las demandas civiles en contra de Yarrington, quien fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005, son en relación a la compra de un predio en San Antonio, Texas, con un valor de 6.6 millones de dólares, en el 2006; y un departamento en la Isla del Padre, por 450 mil dólares, en 1998, antes de ser gobernador.
De acuerdo con el expediente integrado en Estados Unidos, el ex gobernador a través de Cano envió entre el 2008 y el 2012, por lo menos, 7 millones 250 mil dólares hacia ese país, presuntamente proveniente del cártel del Golfo. Un testigo señaló que en el 2005, el líder de dicho cártel Osiel Cárdenas Guillén, entonces detenido en el Penal del Altiplano, ordenó a Eduardo Costilla Sánchez, "El Coss" y Heriberto Lazcano, "El Lazca", entregar varios millones de dólares a Yarrington para impulsar sus aspiraciones a la Presidencia de la República.
Los hechos y las informaciones precisas sobre las presuntas actividades ilícitas de Yarringon modificaron sustancialmente la posición del PRI y de Peña Nieto, en esta ocasión en lugar de defender al ex gobernador, le iniciaron un proceso para suspenderlo en sus derechos como militante priista.
Al día siguiente que se interpusieron las demandas civiles en el país norteamericano, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, según informó el partido a través de un comunicado de prensa, solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que sesione a la brevedad y de conformidad con los estatutos y reglamentos internos, proceda a la suspensión inmediata de la militancia de Yarrington.
Tanto Coldwell como Peña Nieto, reiteraron una y otra vez que el partido se deslindaba de Yarrington y que se debía aplicar estrictamente la ley. Pero el extremo, llegó el viernes cuando, ante el Consejo Político Nacional de su partido, el abanderado presidencial señaló: "En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad. Es hora de romper con el pasado. El PRI tiene que asumir el papel que le corresponde, no inspirado en la nostalgia del ayer, sino en los retos del presente, para ganar el futuro".
Y para hacer más evidente el giro, en el evento ya no participaron los gobernadores en funciones ni los ex gobernadores envueltos en escándalos (como Mario Marín, Ulises Ruiz y Humberto Moreira) y tampoco lo hicieron los líderes sindicales incómodos (como el petrolero Carlos Romero Deschamps) que todavía estaban en los eventos partidistas y de campaña hace apenas unos días. Tal como sucedió con Humberto Moreira, cuando el escándalo en torno al sobreendeudamiento de su gobierno arreció y los peligros de dañar la campaña del tricolor crecieron, lo removieron de su cargo como presidente del CEN del PRI y hoy ni quien se acuerde de él.
Pero el cinismo de Peña Nieto es total, pues si alguien tuvo la oportunidad de sancionar la corrupción, acabar con el encubrimiento y la impunidad, fue él, cuando sucedió en la gubernatura del Estado de México a Arturo Montiel, sobre quien pesaban diversas denuncias de enriquecimiento y conflicto de intereses; pero prefirió protegerlo.
Quizá por eso cuidó bien los tiempos verbales y habló de que "en el México que queremos no tendrán cabida…" y luego enfatizó que "es hora de romper con el pasado", para deslindarse (como lo hace todos los días) de cualquier responsabilidad de lo que haya sucedido antes de que pronunciara dichas palabras.
Las reacciones de los priistas, frente a las acusaciones en contra de los ex gobernadores emanados de su partido en los dos momentos, muestran plásticamente como el tan cacareado nuevo PRI, es igual de oportunista, pragmático, cínico, corrupto y veleidoso que el llamado viejo PRI. Ni siquiera hay cambio de rostros, pues en muchas de las candidaturas actuales aparecen los mismos (Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Manuel Cavazos Lerma, como botones de muestra), simplemente un discurso (sin ningún sustento en la realidad) adecuado a las nuevas circunstancias, lo cual es una de sus características históricas.
