El presidente del Tribunal de Justicia del estado, Daniel Gallo Rodríguez, se deslindó de la actuación del juez que dejó en libertad bajo caución al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y afirmó que no se "solapará" la actuación de ningún funcionario judicial, se atenderán las quejas y se aplicarán las sanciones de encontrar algún tipo de responsabilidad.
Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se inconformara con la reclasificación del delito a uno no grave y la fianza de 31 mil pesos fijada en contra del ex gobernador Agúndez Montaño para conseguir su libertad, el presidente del Tribunal de Justicia del estado señaló que el juez segundo penal, Sergio Aguilar Navarro, "actuó con plena libertad y autonomía y por tanto deberá responder por sus actos".
A través de un comunicado, el magistrado presidente indicó que la reclasificación del delito de peculado al de "incumplimiento de un deber legal", dentro del proceso 096/2012 se realizó en acatamiento a la sentencia de amparo que concedió el juez segundo de distrito y que a su vez confirmó el Tribunal Colegiado del vigésimo sexto circuito.
De acuerdo con la sentencia, el juez segundo penal estaba en facultades de dictar una nueva resolución valorando si se actualizaba algún otro delito. En ese sentido, expuso que la sentencia de amparo confirmada por el Tribunal Colegiado se acató.
No obstante, explicó que la determinación del nuevo delito, así como el fijamiento del monto de la caución para gozar de libertad provisional "no fue limitado ni condicionado" en la sentencia de amparo.
"En ambos casos las determinación fueron bajo la más estricta responsabilidad del juez segundo penal, Lic. Sergio Aguilar Navarro, quien actuó con plena libertad y autonomía y que por tanto deberá responder por sus actos", expresó.
Gallo Rodríguez manifestó que competerá a los magistrados en pleno revisar y determinar si la actuación del juez estuvo o no apegada a derecho al fijar una fianza de 31 mil pesos para que el ex gobernador gozara de libertad provisional; sin embargo, reiteró que no se protegerá a ningún funcionario que actué al margen de los principios de imparcialidad y rectitud.
"Sin prejuzgar si la actuación del juez estuvo o no apegada a derecho, se reitera la posición que hemos venido sosteniendo públicamente en el sentido de que no se protegerá ni se solapará a ningún funcionario judicial que actúe en contra de los principios de rectitud, honorabilidad e imparcialidad y venga a manchar y perjudicar el esfuerzo de la mayoría del personal del Poder Judicial para recobrar la confianza de los abogados y ciudadanos del estado, en lo que sin duda se tienen avances", expuso.
Reiteró que si la PGJE considera que la actuación del juez estuvo apartada de la legalidad, se atenderán con responsabilidad e imparcialidad las quejas y procedimientos de cualquier tipo que inicie la dependencia, y se aplicarán las sanciones correspondientes de acreditarse la responsabilidad del funcionario judicial.
"De ser así, se actuará sin consideración alguna, asumiendo la responsabilidad que nos compete, sin buscar responsabilizar a terceros de nuestros propios actos", señaló.
"Considero injusto que por la actuación de un juez se manche el nombre de la totalidad de la institución, ya que hay hechos palpables por mejorar la impartición de justicia", finalizó el magistrado.
El ex gobernador Narciso Agúndez Montaño abandonó el penal de La Paz el viernes pasado, luego de que el juez penal acatara el amparo concedido en el que el Tribunal Colegiado confirmó que no se acreditó el delito de peculado del que se le acusaba y que lo mantuvo en prisión cerca de siete meses.
No obstante, consideró que incurrieron en el delito de incumplimiento de un deber legal, y al ser considerado no grave, se fijó una fianza de 31 mil pesos.
Por lo anterior, la PGJE se inconformó, calificó de "ridícula" la fianza y sostuvo que no se encuentra fundada ni motivada toda vez que, insistió, "se cometió con dolo un delito" y debió haberse fijado una cantidad mayor como garantía de reparación de daño.
Al ex gobernador se le investiga raíz de una denuncia interpuesta por el gobierno estatal, encabezado por el panista Marcos Covarrubias, en relación a una presunta venta irregular de siete predios en el puerto turístico de Los Cabos, los cuales con anterioridad habían sido donados para infraestructura y, en cambio, fueron enajenados a un particular por una cantidad menor al valor comercial.
Derivado de las operaciones y según sostiene la PGJE, habría un quebranto patrimonial por 52 millones de pesos.
