Una turba asaltó una cárcel y linchó a un preso acusado de asesinar a un hombre y herir a su esposa en un pueblo de la región boliviana de Santa Cruz, fronteriza con Brasil y Paraguay, informó el fiscal Lucio Hinojosa.
Es el segundo linchamiento registrado en Bolivia en los últimos tres días, pues el viernes un policía que fue confundido con ladrón fue asesinado por vecinos de la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz y una de las más pobres del país más atrasado de Suramérica.
La víctima del domingo es Sixto González, sospechoso de asesinar a otro hombre el pasado viernes en el pueblo de San Julián, a 175 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, detalló el fiscal.
Según Hinojosa, agentes de la Policía capturaron ayer a González y decidieron llevarlo al pueblo vecino de San Ramón, al enterarse de que varias personas se organizaban en San Julián para lincharlo.
"La gente se enteró de esa situación e inmediatamente se trasladó a San Ramón (...) La policía prácticamente fue rebasada, vanos fueron los intentos de persuadir a que depongan sus actitudes violentas. Era incontrolable la situación", señaló el fiscal.
González fue llevado de vuelta a San Julián, donde la turba le golpeó hasta matarlo frente a la casa del hombre al que supuestamente asesinó, sin que los policías pudieran detenerles.
Hinojosa lamentó el número reducido de agentes en ambos pueblos (ocho en San Ramón y una decena en San Julián) y agregó que si los agentes intervenían "iban a correr la misma suerte" que González.
El viernes otra turba mató al sargento David Guarachi, de 33 años, segundo policía que es linchado este año por vecinos de El Alto, ciudad de cerca de un millón de habitantes, principalmente de la etnia aimara de la que procede el presidente boliviano, Evo Morales.
El jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, coronel Jorge Toro, ha informado a medios locales que once policías han sido linchados entre 2011 y los cinco primeros meses de 2012.
Los indígenas justifican los frecuentes linchamientos y torturas de sospechosos de ser delincuentes, muchas veces sin pruebas ni remedo de proceso legal, alegando que aplican la "justicia comunitaria" consagrada por Morales en la Constitución de 2009.
El Gobierno niega que los asesinatos sean parte de la también llamada "justicia indígena", equiparada a la tradicional en la nueva Carta Magna promovida por Morales, pero la oposición y organismos de derechos humanos afirman que no ha tomado medidas concretas para frenar los linchamientos.
