El presidente electo Enrique Peña Nieto presentó a través de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) en el Senado la iniciativa que promueve la Comisión Nacional de Anticorrupción.
El presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero Arroyo, de Acción Nacional (PAN), turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
A diferencia de la minuta que la anterior Legislatura del Senado mandó a la Cámara de Diputados, en el pasado periodo ordinario de sesiones, esta iniciativa no otorga facultades de Ministerio Público a la Comisión para investigar y sancionar, inclusive penalmente, a los responsables de hechos de corrupción.
La Comisión Nacional Anticorrupción sería un órgano del Estado responsable de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral. Contará con la facultad de atracción para conocer casos de los estados y municipios.
También incluye la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública para desarrollar acciones que ayuden a mitigar la corrupción, órgano interinstitucional encargado de promover acciones para fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República.
El presidente de la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, del PVEM, se molestó porque sólo se le turnó para opinión y sin derecho a voto en la dictactaminación.
De esta manera, PRI y PVEM presentaron dos de las tres iniciativas que Peña Nieto desea sean aprobadas antes del 1 de diciembre: la reforma constitucional para ampliar facultades del IFAI -que esta en su etapa final de análisis en comisiones-, y ahora el proyecto de Anticorrupción.
Únicamente quedaría pendiente la iniciativa para cambiar la relación del poder con los medios de comunicación, ya que regula y pone límites a la propaganda gubernamental.
La Comisión será un órgano del Estado responsable de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral.
El órgano podrá desarrollar el proceso sancionador administrativo, pero no ejercer acción penal. Y tendrá la facultad de atraer aquellos casos de corrupción en estados y municipios.
Este proyecto de decreto incluye reformas y adiciones a los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución. Los delitos de corrupción no prescribirán en un plazo de cinco años.