Inofrme. El Senado recibió un reporte de la Secretaría de la Función Pública en el que indica que de 2006 a enero de 2012 se emitieron 40 mil 827 sanciones administrativas por hechos de corrupción.
En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, alrededor de 45 mil servidores públicos han incurrido en prácticas ilícitas o corrupción, pero sólo fueron destituidos de su cargo 2 mil 316 funcionarios, e inhabilitados 6 mil 839.
En este mismo periodo, el gobierno fijó "multas" por 20 mil 92 millones de pesos, pero no todas se cobran al 100%, pues muchas de ellas se convierten en créditos fiscales que revisa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de la Función Pública reportó al Senado que, de 2006 a enero de 2012, por esas irregularidades se han emitido 40 mil 827 sanciones administrativas, que van de apercibimientos y multas hasta destituciones.
Entre julio de 2010 y septiembre de 2011, se impusieron 8 mil 333 sanciones administrativas en las que estuvieron involucrados 7 mil 117 servidores públicos.
De acuerdo al tipo de sanción, 3 mil 180 correspondieron a amonestaciones; 2 mil 828 a suspensiones; mil 167 inhabilitaciones; 358 destituciones y 800 sanciones económicas, por alrededor de 9 mil 664 millones 100 pesos.
Las sanciones administrativas se dividen, de menor a mayor nivel, en apercibimientos, amonestaciones, suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y económicas.
De acuerdo con un anexo del Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que el Ejecutivo envió al Senado de la República, 2008 fue un año negro en el capítulo de la confianza en las instituciones públicas, pues se reportan el mayor número de sanciones administrativas en cinco años, 10 mil 882, cifra que representó un incremento de 63.4% respecto a 2007.
Ejemplo de funcionarios sancionados son Rogelio Fernando Aguirre Tovalín, jefe de la Oficina Federal del Trabajo; Luis Raúl Sarmiento Villegas, director Jurídico; Mario Alberto Fraga Zamarrón y Jesús Reynaldo Menchaca Medina, inspectores federales del Trabajo, todos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes fueron destituidos, debido a deficiencias en la inspección y seguimiento adecuado a las medidas de seguridad que debían adoptarse en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila.
Otros funcionarios son amonestados por no reportar correctamente su declaración patrimonial, adquirir en forma irregular diversos bienes y servicios, e incurrir en ilegal distribución de combustible, entre otros.
