El embargo petrolero que prepara la Unión Europea (UE) contra Irán no impedirá, en principio, que las empresas iraníes con deudas en Europa sigan pagándolas con crudo tal y como hacen ahora, dijeron hoy fuentes diplomáticas.
Aunque el acuerdo final sobre la aplicación del embargo está aún por cerrar, las fuentes señalaron que ese punto cuenta con un apoyo generalizado.
La prohibición de esa práctica, explicaron, se considera en Bruselas "contraproducente", pues las compañías europeas no estarían en disposición de recuperar su dinero y el Gobierno iraní contaría con más crudo que vender y podría aumentar su financiación.
"Esa no es la idea", indicó a Efe una fuente comunitaria, que aseguró que hay varias empresas iraníes con deudas muy importantes en Europa.
En principio, la excepción se aplicaría únicamente a deudas ya contraídas.
Los expertos de la UE discuten estos días los detalles de la aplicación del acuerdo, que deben cerrarse en la reunión de ministros de Exteriores que se celebrará el próximo día 23 en Bruselas.
El principal punto de debate, precisó la misma fuente, es el periodo de transición que se dará a los países para poder adaptarse al embargo al petróleo iraní.
Los estados con una mayor dependencia de ese país son Grecia, Italia y España.
En el caso español, Irán fue el segundo en volumen de importaciones en 2011 con 6.442 toneladas, un 15 % del total del crudo consumido en el país, solo por detrás de Rusia, según los últimos datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) española que cubren de enero a octubre.
Por el momento no hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa, aunque varios estados han hecho circular ya sus ideas, entre las que figura dar un plazo de seis meses para cumplir con el embargo, según fuentes diplomáticas.
El objetivo de los negociadores es tener una propuesta de compromiso el próximo lunes, una semana antes de que los documentos lleguen a la mesa de los ministros.
Los miembros de la UE cuentan ya con un principio de acuerdo para prohibir las importaciones de crudo y productos petrolíferos iraníes, en respuesta al programa nuclear de Teherán.
La intención de los gobiernos europeos es aumentar la presión sobre el Gobierno iraní, ante su negativa a cooperar con la comunidad internacional en el apartado atómico.
