Ha pasado ya un año desde que se destapó el caso de la deuda pública de Coahuila y el escándalo ha tomado dos vertientes, la judicial y la financiera, que no han sido explicadas en su totalidad.
La parte judicial del escándalo permanece “congelada”. El 28 de octubre del año pasado, el extitular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (Satec) y principal artífice del aumento de la deuda, Javier Villarreal, se entregó a autoridades estatales para iniciar un juicio por falsificación de documentos, junto con otros cuatro exsubordinados, que hasta la fecha no ha resultado en ninguna sentencia.
Por el contrario, en el último año han surgido evidencias de que Villarreal se habría enriquecido con dinero público, pero las acusaciones han sido hechas por el gobierno de Estados Unidos, donde fue invertido en dinero, y no por el gobierno de Coahuila, presuntamente la entidad afectada.Según las investigaciones abiertas en Coahuila y a nivel federal en la Procuraduría General de la República, al menos 5 mil millones de pesos en créditos fueron adquiridos de manera fraudulenta. Villarreal lleva un año prófugo de la justicia mientras su antiguo jefe y protector, el exgobernador Humberto Moreira, declara promesas de que pronto explicará los detalles de cómo la deuda pública de Coahuila pasó de 330 a 35 mil millones de pesos durante su gestión.
Hace un año, cuando el entonces gobernador sustituto Jorge Torres López pidió al Congreso del Estado refinanciar la deuda, se supo con certeza cómo se habían disparado las obligaciones financieras de Coahuila de 2006 a 2011, pero hasta ahora al menos la mitad de los créditos siguen si explicación.
De acuerdo con un análisis de El Siglo de Torreón publicado hace un año tras el informe de gobierno de Torres López, al menos 18 mil millones de pesos en créditos no han sido justificados. Esta cifra resulta de la diferencia entre el total de la inversión pública del sexenio y el gasto del gobierno de Coahuila en este rubro dentro de sus presupuestos ordinarios.
El destino del faltante ha sido objeto de muchos rumores, desde su uso en campañas del PRI hasta el enriquecimiento ilícito de funcionarios del gobierno anterior.
La explicación de esta cifra no ha sido aportada ni por el exgobernador Moreira ni por su sucesor, Rubén Moreira, quien en su primer año de gobierno ha tenido que destinar más dinero al pago de créditos que a la obra pública mientras carga con la sombra de un escándalo.
