Lavado de dinero. Es un esquema burdo, pero muy limpio que se facilita mediante las amenazas contra los productores, por parte de los grupos del crimen organizado.
La intermediación en la compra venta de carbón resultó un esquema "perfecto" para el lavado de dinero a través de minas en Coahuila, porque abrió la puerta a empresas "fantasma" que compraron a los productores y vendieron a Promotora de Desarrollo Minero (Prodemi), organismo descentralizado que opera en esta entidad como provedor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por eso, como responsables del esquema de comercialización del carbón en esa entidad, ni la CFE ni Prodemi pueden argumentar que ignoraban la operación de empresas ilegales dedicadas a lavar dinero a través de la compraventa de carbón en Coahuila, dice Marcos Czacki, abogado y experto en el tema de lavado de dinero.
"La CFE está obligada a supervisar la legalidad de sus operaciones. Por lo tanto, tiene que conocer a sus proveedores y debía estar al tanto de riesgos de lavado de dinero". Es más, agrega: "Esta clase de esquema no se le ocurren sólamente a los criminales, sino que pudieran habérselos planteado, y normalmente ocurre que la propuesta viene de arriba hacia abajo, de quien comercializa, con la seguridad de que funcionará porque se conoce el mecanismo".
Czacki, quien desde hace años es responsable de elaborar e implementar políticas, procedimientos y mecanismos preventivos antilavado de dinero, no es el único que cuestiona la actuación de la CFE y la Prodemi frente a la operación de posibles empresas "fantasma" dedicadas al lavado de dinero a través de la compraventa de carbón en Coahuila también en el Senado el PRD ha realizado denuncias..
Hasta ahora, la CFE se ha deslindado de cualquier responsabilidad al afirmar que ellos sólo compran el carbón a tres proveedores, entre ellos Prodemi. A su vez, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ha prometido "abrir" las operaciones de este organismo para verificar su operación.
La autoridades federales, por su parte, no han emprendido ninguna investigación que involucre a alguna de estas instancias oficiales, de acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de la República.
Este diario solicitó la posición de la CFE y de Prodemi, pero no respondieron a la petición.
ACTIVIDAD VULNERABLE De acuerdo con la ASF, en 2010 había en el país 20 mil 958 títulos de concesión para explotar minas. De ese número 9 mil 127 no estaban dados de alta en el Registro Federal de Causantes, por lo que no pagaban impuestos.
También había 4 mil 966 títulos de concesión duplicados y 566 con nombres incompletos. En Coahuila de los 2 mil 62 títulos de concesión que reporta la autoridad, había 272 que no aparecieron en el padrón.
A través de la Dirección General de Minas, la Secretaría de Economía respondió parcialmente a las observaciones de la ASF al argumentar un proceso de regularización del padrón, pero admitió su incapacidad para vigilar y supervisar la operación de minas en el país.
En el oficio 421/15228/2011, la dependencia explica: "No está contemplado, tanto en la ley minera como en su reglamento la creación de un programa anual de visitas; sin embargo, se resalta que la cifra reportada de 83 visitas de verificación realizadas en 2010 es 730% superior a las efectuadas el año inmediato anterior".
Para diciembre de 2011, la Dirección General de Minas reportó 300 visitas de verificación en minas, frente a un universo de 20 mil títulos de concesión.
La DGM advierte que esta vigilancia se llevó a cabo a pesar de que la dependencia carece de infraestructura, personal y recursos. Además, advierte de todos los vacíos legales que enfrenta para la aplicación de la ley y la imposición de multas para los concesionarios que incumplen las normas.
Frente a este panorama, no sorprende que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) advirtieran que la minería es una de las actividades más vulnerables y de alto riesgo en en el tema.
Sin embargo, aclara Czacki, en la escala mundial el lavado de dinero a través de minas está muy enfocado en el tema de extracción de metales y piedras preciosas, como ocurre en Colombia con las esmeraldas y en algunos países de África con los diamantes.
Pero en México, dice, sorprende que funcionara tan bien "un esquema tan burdo de lavado", a través de la intermediación en el comercio de carbón.
RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL
No sólo la CFE o la Prodemi pudieron ser omisas en su responsabilidad de vigilancia del comercio de carbón en Coahuila. Para Ramón García Gibson, experto internacional en prevención de lavado de dinero y fundador de García Gibson Consultores, hay otras dependencias que pudieron incurrir en omisiones, entre ellas, las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Trabajo y Previsión Social, de la Defensa Nacional y de Energía. Todas con relación y autoridad sobre la operación de minas en el país.
García Gibson identifica la minería ilegal como un espacio más vulnerable para operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con los informes de GAFI y la investigación "La minería ilegal: la otra cara del boom", publicada en Mining Intelligence Series, de julio de 2011.
"La minería ilegal es una realidad en algunos de nuestros países latinoamericanos, situación de alto riesgo para que la delincuencia organizada participe de forma directa en dicha actividad con la finalidad, entre otros supuestos, de lavar el dinero procedente de sus actividades ilícitas. Es preocupante que los esquemas de lavado de dinero se multipliquen aprovechando sectores que podrían estar fuera del radar de las autoridades", considera el especialista.
Marcos Czacki, sin embargo, considera que en el caso de Coahuila no son las minas ilegales el punto de vulnerabilidad, sino el esquema de "intermediación" y "comercialización".
"Empresas 'constituidas' con 10 mil pesos, que compran el carbón a los productores y lo venden a Prodemi, con un importante margen de ganancia, porque lo comprán más barato, lo venden más caro y, todavía, aprovechan la operación para lavar el dinero", explica.
Lo importante es comprobar de dónde se fondean estas empresas fantasma, dice, de dónde obtienen los recursos para la compra del carbón. "Pero llama la atención que no hayan detectado sus operaciones cuando dan tantos pasos: compran, venden, y Prodemi incluso les pudo haber dado anticipos para la compra del carbón".
Hay un flujo de dinero, agrega, cuyo origen se debería comprobar. Sin embargo, en el caso que Prodemi hubiera dado anticipos, estas empresas podrían ya haberse capitalizado, lo cual dispersa la pista para seguir el origen ilegal de sus recursos.
Por lo pronto, mientras la autoridad no ha dado información sobre la posible operación de estas empresas de lavado de dinero, con base en la denuncia que presentó el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en el Congreso tampoco ha avanzado la petición de crear una comisión para investigar el funcionamiento de las minerías en el país.
