Un largo litigio por predios

Por más de 10 años colonos del Fraccionamiento Rincón de Montero han emprendido una batalla legal para recuperar los predios que fueron vendidos de manera irregular por funcionarios municipales de Parras de la Fuente para su propio beneficio.

A pesar de que la venta viola acuerdos emitidos por el Congreso de Coahuila, dos décadas después el litigio legal continúa sin que hasta el momento las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

En 1986 funcionarios municipales de Parras se beneficiaron con la compra de terrenos cedidos por el Fraccionamiento Rincón de Montero para áreas verdes.

En la década de los ochenta el Congreso de Coahuila autorizó al ayuntamiento de Parras vender los lotes, condicionando que fueran adquiridos por personas de bajos recursos sin propiedades en Parras de la Fuentes.

Finalmente fueron comprados por familiares de Roberto Reyes Segovia, entonces tesorero municipal, y de Luis Chacón González quien ocupaba el puesto de primer regidor en la administración de Efrén Ramírez Pachicano.

De acuerdo al Comité de Colonos Rincón de Montero el 8 de octubre de 1981 se celebró un contrato de donación entre el fraccionamiento y el ayuntamiento de Parras de terrenos destinados a ser áreas verdes. Esta es una obligación que debe ser cumplida por todos los fraccionamientos.

En ese tiempo el presidente municipal de Parras era Juan Crisóstomo Arizpe Melo. En el contrato fueron cedidos 3 lotes de la manzana "K", siendo los números 2, 3 y 4 con una extensión total de 3 mil 413.70 metros cuadrados.

En julio de 1986, el municipio solicitó al Congreso de Coahuila la autorización para vender los terrenos, la cual fue concedida en el decreto #72 artículo 1 a título oneroso.

Una de las condiciones impuestas por el Congreso fue que los terrenos fueran hechos lotes, estos deberían ser dados a favor de jefes de familia de escasos recursos económicos, por lo que la compra venta de terrenos únicamente podía celebrarse previo estudio socioeconómico que se realizaría a los jefes de familia que no fueran propietarios de bienes inmuebles dentro o fuera del municipio de Parras.

Sin embargo el decreto emitido por el Congreso no fue cumplido ya que el 15 de octubre de 1986 el municipio vendió los terrenos, sin realizar el estudio socioeconómico. Además que los compradores tenían propiedades en Parras.

Cuando se realizaron estas transacciones el presidente municipal de Parras era Efrén Ramírez Pachicano, quien permitió la veta de terrenos. De acuerdo a la escritura pública número 32 consta la comparecencia del alcalde y del primer regidor de entonces, Luis Chacón González, para vender al Ingeniero Francisco Agüero Monterde el lote número 4 manzana "K" con superficie de mil 137.90 metros cuadrados, por un costo de 500 mil pesos.

El señor Agüero Monterde era cuñado de Roberto Reyes, quien se desempeñaba como tesorero municipal, además de ser también cuñado del primer regidor, Luis Chacón González. Acción que evidencia el tráfico de influencias.

Al día siguiente, el 16 de octubre de 1986, volvieron a comparecer el presidente municipal y el primer regidor, así consta en la escritura #33 para vender al señor Roberto Reyes Segovia el lote número 2 manzana "K" con superficie de 1,137.90 metros cuadrados por la cantidad de 500 mil pesos.

Roberto Reyes Segovia se desempeñaba como tesorero municipal, además de ser cuñado de Luis Chacón González, primer regidor y representante del municipio en la venta.

Días después, el 23 de octubre de 1986, comparecen nuevamente los funcionarios representantes del Ayuntamiento para vender a la profesora Deyanira Domínguez Farías el lote #3 manzana "K" con superficie de 1,137.90 metros cuadrados por la misma cantidad que las transacciones anteriores.

 UN LARGO LITIGIO

Pablo López, abogado del Comité de Colonos del Rincón del Montero, comenta que actualmente están promoviendo dos juicios buscando nulificar las operaciones de compra-venta.

Explica que el juicio 73/2010 lo siguen los Colonos contra el Ayuntamiento de Parras, el Registro Público y la Dirección del Registro Público Estatal, la Dirección Estatal de Notarías y la Notaría Pública Número 3 que estaba a cargo del licenciado Juan Carlos Lamas Urista, quien ya falleció y ante la sucesiones a bienes de los señores Roberto Reyes Segovia quien fungió como comprador y de Ernesto Salvador Reyes Reyes como heredero del primero. Pablo López comenta que ambos ya fallecieron por lo que el juicio se sigue contra los herederos, sin embargo en este momento se encuentra detenido ante la imposibilidad de llamar a juicio a la sucesión de Roberto Reyes Segovia.

El segundo juicio es el 215/2009, seguido ante el H. Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia con residencia en Parras y se sigue frente al Ayuntamiento, el Registro Público, también contra la Dirección de Notarías, Dirección del Registro Público Estatal y la señora Deyanira Domínguez Farías.

De acuerdo a Pablo López la acción que se ejercita es la nulidad absoluta de la escritura pública número 34 del volumen primero, así como de la operación en ella contenida relativa a la operación de Compra-Venta celebrada el día 23 de octubre de 1986, respecto del lote de terreno urbano marcado como lote 3 de la manzana "K" de Villa Campestre Rincón del Montero. Lo anteriormente expuesto en virtud de que el Ayuntamiento de Parras vendió a Deyanira Domínguez Farías el terreno citado, en contravención del Decreto del Congreso del Estado de Coahuila número 72, de fecha 22 de agosto de 1986.

El decreto de referencia establecía como requisito para la venta del terreno que: "La enajenación que se autoriza deberá celebrarse previo estudio socioeconómico que al efecto se realice, con jefes de familia de escasos recursos económicos, que no sean propietarios de bienes inmuebles dentro o fuera del Municipio de Parras, Coahuila".

Según Pablo López la compra-venta se encuentra viciada de nulidad, por no haberse ceñido a los lineamientos del Congreso del Estado, pues el municipio de Parras fue omiso en: realizar estudio socioeconómico, cerciorarse que Deyanira Domínguez Farías fuera jefe de familia (de hecho en los generales de la compra-venta se identificó como "soltera").

El abogado de los colonos comenta que además la señora ya tenía un inmueble previamente a la adquisición del terreno que pelean los colonos, pues el 12 de Mayo de 2011 (es decir 5 meses antes de la operación nula) adquirió en Saltillo el lote de terreno marcado con el número 11 de la manzana número 7 del Fraccionamiento San Isidro en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, ubicado en el lugar denominado Rancho de Peña, con una extensión superficial de 922.73 metros cuadrados, pagando por él un precio de 991,500 pesos.

Por lo que Deyanira Domínguez no podía ser considerada persona de escasos recursos pues por el inmueble de Saltillo pagó en cuestión de meses y en el mismo año, la suma de un millón cuatrocientos noventa y un mil quinientos pesos.

El abogado de los colonos afirma que todo esto quedó probado en juicio mediante la exhibición de las escrituras del terreno de Saltillo, se actualizaron mediante Periciales Contables los importes pagados, además hubo confesión por incomparecencia del Ayuntamiento y de la Sra. Deyanira, en el sentido de que NO se practicó ningún estudio socioeconómico. Además la Sedesol rindió un informe donde señaló los lineamientos para considerar a una persona "de escasos recursos" y en base a ellos, Deyanira Domínguez no cumple este perfil.

El interés de los colonos es el de rescatar un área verde de la que tienen posesión física y durante todo este tiempo le han dado mantenimiento colocando bancas, botes de basura, andadores.

Pablo López comenta que los colonos buscan nulificar la acción de compra-venta para que esta área regrese al Ayuntamiento y sea protegida como área verde en términos de la Ley de Urbanismo.