Las reformas estructurales son tema recurrente en nuestro país. Una de las más importantes es, sin duda, la relacionada con el sector energético, más ahora cuando se ha hecho evidente la incapacidad de las empresas estatales para proveer gas natural y electricidad de calidad y a precios competitivos.
La administración de Enrique Peña Nieto tendrá que hacer un cambio urgente en este sector, no sólo para estimular la competencia y ampliar las opciones disponibles para los consumidores, sino también para evitar que las decisiones de inversión sigan guiándose tan sólo por criterios políticos, como ha ocurrido muchas veces en México.
Un ejemplo en este sentido fue la decisión del gobierno del Presidente Felipe Calderón de construir una nueva refinería, así como de la propuesta de campaña de López Obrador, ex -candidato presidencial de la coalición de izquierda, para construir cincorefinerías más.
El argumento tiene, aparentemente, una solidez indiscutible. Las refinerías que operan actualmente en el país son incapaces de atender el consumo nacional de gasolina y otros combustibles derivados del petróleo, por lo que México está teniendo que importar esos productos, con supuestas pérdidas para Petróleos Mexicanos (Pemex).
En consecuencia, conviene invertir en nuevas refinerías en México para aumentar la capacidad productiva interna y reducir o eliminar las pérdidas de Pemex. Esto tiene, además, las ventajas de agregarle mayor valor interno al petróleo crudo y de generar más empleo en el país.
Hasta aquí todo parece incuestionable. El planteamiento es políticamente correcto, pero se diluye ante el rigor del análisis económico. La argumentación previa para justificar la construcción de una o más refinerías en México, destacaba únicamente los beneficios esperados.
Falta, sin embargo, la cuestión de los costos. No es posible en este espacio abordar todos en detalle, algunos de los cuales dependen de los parámetros específicos del proyecto, pero podemos hacer un par de consideraciones sobre la decisión de construir refinerías en el país.
Primero, cualquier decisión económica rentable debe ver que los beneficios superen a los costos, incluyendo los de oportunidad, es decir, el uso alternativo de los recursos involucrados.
Por ejemplo, el crudo procesado en la refinería tiene un uso alternativo que es su exportación. La construcción de una nueva refinería tiene que considerar, además, los costos de oportunidad de los recursos financieros y humanos, cuyos usos alternativos pudieran ser más rentables en otras actividades.
Segundo, la evidencia muestra que es muy probable que una nueva refinería sea, en la actualidad, un mal negocio. Esto es, que los costos adicionales para procesar el crudo, incluyendo un margen normal de rendimiento por el capital invertido en la operación, no serían compensados por el precio más elevado de los refinados.
Esta conclusión surge de las condiciones del mercado para los productos refinados del petróleo. Como lo señala un artículo reciente de la revista británica The Economist, la baja en el precio del crudo durante junio y julio pasados, no fue una buena noticia para los productores del hidrocarburo, pero fue recibida por las refinerías como "un alivio bienvenido en medio de un largo período sombrío".
En efecto, el artículo referido señala que hay un exceso de capacidad de refinación que está causando víctimas en ambos lados del Atlántico, es decir Europa y Estados Unidos.
Por ejemplo, en este último país la Agencia de Información de Energía registra que en 2011 cerraron tres refinerías, dos en Pensilvania y una en Virginia. Por otro lado, The Economist menciona que Petroplus, una compañía suiza de refinación, quebró en enero del presente año.
Lo anterior es sólo una muestra de las dificultades por las que está atravesando actualmente la industria de la refinación de petróleo en el mundo. Es, de hecho, un mal negocio. Los que ganan dinero son los exportadores de crudo, no los refinadores. En consecuencia, la rentabilidad principal de una o más refinerías en nuestro país es sólo política. En este momento no se justifica, desde el punto de vista económico, construirlas. Si es mucho el deseo por una refinería, sería más barato comprar una en el exterior.
No obstante, los recursos destinados a ellas serían más rentables en la extracción de crudo o en la producción de gas de esquisto, o en actividades no relacionadas con la energía.
Esto es un argumento más para que el nuevo gobierno realice una reforma a la Constitución que acabe, de una vez por todas, con el mito de que el control estatal monopólico de la energía beneficia a los mexicanos.
