Lo que me preocuparía, si fuera el abogado defensor, que me tensa, no es si pudiera demostrar que mi clienta es inocente de los cargos por los que fue sentenciada pues en los autos todas las pruebas indican que sí cometió los delitos que se le imputan. Lo que el ministro de la Suprema Corte dictamina en su propuesta de resolución no es que sea inocente, que los delitos de los que se acusa no los haya perpetrado. Lo es que no se observaron las garantías de un debido proceso penal vulnerándose los derechos de la sentenciada a la que condenó a purgar 96 años de prisión. Y eso amerita se nulifiquen los actos procesales en que se apoyó la sentencia, a saber: un montaje en que se recreó la detención que hizo la Policía Federal un día antes, que no fue puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público y que se violó la Convención de Viena al no avisarle al consulado de la detención -lo que se hizo a destiempo-. Los ofendidos dicen que si acaso se va a poner en libertad a Florence Cassez por violaciones al procedimiento deben tomarse en cuenta que las víctimas también tienen derechos, entre otros que se aplique a la culpable todo el peso de la ley y la culpable sin lugar a dudas, está plenamente comprobado en autos, que es a la que el ministro de la Corte propone sea liberada.
Si pensamos en la estricta aplicación de la ley procesal, tiene el ministro ponente la razón interpretando literalmente lo que dicen los preceptos legales de que se juzgue al acusado conforme al debido proceso en materia penal. Debemos reconocer que hubo violaciones que están originando se hable de la reposición del procedimiento, que por angas o mangas se vició y trajo la malhadada consecuencia, a querer o no, se pueda producir la funesta consecuencia de que la francesa salga de su encarcelamiento y tome un vuelo que la lleve a su patria (y ojos que te vieron ir no te volverán a ver). No obstante las víctimas están presionando para que no salga del penal hasta que cumpla la pena de prisión que se le impuso. Así mismo, a manera de ultimátum, amenazan con recurrir, en caso contrario, a instancias internacionales. Hasta aquí las dos caras de una misma moneda. Los ministros de la Corte están, como dice la consabida frase: entre la espada y la pared. Ni para donde hacerse. A menos que…
A menos que previendo el estropicio la Corte no se amilane y decida ceder a la presión de quien no están exigiendo justicia sino, al parecer, tan sólo venganza, que quienes exigen sea llevada a un paredón se olviden que vivimos en un Estado de Derecho y dando rienda suelta a sus muy respetables emociones personales pretendan, sin quererlo, dañar el sistema jurídico mexicano. En efecto, al preguntarse si se están reconociendo se violentaron los derechos de la autora del crimen a un proceso justo, ¿dónde quedan los derechos de las personas que fueron privadas de su libertad, martirizadas y escarnecidas, por un grupo de malhechores? La sociedad, esto es, el conglomerado social, tiene el interés supremo de que el proceso, sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden en beneficio de todos. O bien…
La justicia es ética, equidad y honestidad. Es una voluntad que implica el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno. Es verdad que en el expedienten hay pruebas suficientes para condenar a la condenada francesa, más debemos decir en descargo del Supremo Tribunal que el proyecto del ministro no entra al estudio de la culpabilidad por impedírselo las violaciones procedimentales que son de previo y especial pronunciamiento. Ha de entenderse, dadas las aseveraciones de la señora Isabel Miranda de Wallace en su carácter de dirigente de la asociación civil, Alto al Secuestro, de que era un contrasentido que tres diferentes instancias judiciales coincidieron en que la francesa era culpable y ahora en el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, "de manera 'mágica' plantee otro rumbo para liberarla". Sin duda, el lector de este trabajo, de haber leído lo que hemos expuesto en esta colaboración encontrará lógico que la señora Wallace se equivoque, pues el acceso a la justicia del ciudadano común y corriente se ve dificultado por el hecho de que el quehacer jurídico genera su propia jerga o argot, lleno de términos difíciles de comprender para el indocto y que, por tanto, no siempre entiende con claridad qué es lo que sucede dentro de un proceso.
