Hasta el día de hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consta de 136 artículos, ha sido reformada en 548 ocasiones, es decir, las modificaciones son 4 veces más que el número de artículos que integran la Carta Magna; el artículo 73, que define las facultades del Congreso de la Unión ha sido cambiado en 65 ocasiones, es decir, que en promedio cada año y medio se altera su contenido.
Sólo durante el actual sexenio se han hecho 106 reformas constitucionales, la última publicada el pasado 9 de agosto; y en los dos últimos sexenios, en los que los presidentes y los legisladores y dirigentes del PAN (y algunos medios de comunicación) pretendieron vender la idea de que hay una parálisis legislativa, porque el partido del titular del Ejecutivo no tiene la mayoría en el Congreso, se hicieron 137 reformas constitucionales. Así sólo durante el gobierno de Calderón, en promedio, se aprobaron casi 18 reformas a la Constitución en cada uno de sus 6 años.
La facilidad con la que se aprueban las reformas es tal que incluso se han aprobado 9 reformas a los 19 artículos transitorios de la Constitución original del 5 de febrero de 1917; y, allí no para la diarrea legislativa, pues hay 4 reformas a artículos transitorios de reformas constitucionales.
Los artículos constitucionales que conforman el Top 5 de los más reformados son: desde luego el ya mencionado 73 con 65; el 123, relacionado con la legislación laboral, con 23; el 27, que resguarda la propiedad nacional de las tierras y aguas, 17; y el 74, las facultades de la Cámara de Diputados, y el 89, las facultades del presidente de la república, con 15 cada uno. Así si se suman las reformas a los 3 artículos relacionados con las facultades de los dos poderes constitucionales (Ejecutivo y Legislativo), el total es de 95 modificaciones, lo cual equivale a que en promedio cada año (la Constitución cumplió el pasado 5 de febrero 95 años) cambiaron las facultades de alguno de estos dos poderes.
Apenas 40 meses después de que la Constitución entró en vigor, el 5 de febrero de 1917, el Congreso realizó la primera reforma, es decir, el 30 de julio de 1921 ya estaban aprobando la primera modificación a sus propias facultades, pues se modificó precisamente el artículo 73.
Uno de los elementos centrales de la tan traída y llevada Reforma del Estado es precisamente la relación entre los poderes de la Unión que, desde luego, incluye las facultades que cada uno de ellos tiene, pues para efectos prácticos cada año se modifican las reglas de esta relación. Y desde que se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo, el 1 de diciembre del 2000, se han realizado 20 reformas a las facultades del Congreso (artículo 73); 3, a las de la Cámara de Diputados (74); y 4, a las del presidente (89), es decir, en total 27 reformas en escasos 12 años, más de dos reformas por año.
Obvio tan importante como el número de reformas es la calidad de las mismas y, sobre todo, los impactos que éstas tienen en el sistema político mexicano. Pero aunque dicho análisis rebasa con mucho los alcances de este artículo, por la situación actual sí es posible afirmar que aunque hoy existe un auténtico equilibrio de poderes entre los 3 Poderes de la Unión, los impactos sobre la vida nacional no son los mejores.
Aunque se requiere mucho más análisis para poder identificar algunas de las razones que subyacen detrás de los malos resultados de las reformas, por el número y la frecuencia de las mismas es posible establecer que entre éstas se encuentra la parcialidad de las mismas, es decir, particularmente los diputados parecen exageradamente propensos a cambiar sus atribuciones por ocurrencias y sin analizar integralmente los asuntos y problemas que pretenden atender.
Ya basta de reformas parciales y por ocurrencias, lo que realmente requiere el país es un nuevo planteamiento integral; una nueva Constitución que establezca los nuevos términos de la relación del Estado con la sociedad; de los distintos poderes e instancias de gobierno, entre ellos; y de la misma sociedad, entre sí.
Seguramente en las reformas que planteará el presidente electo, Enrique Peña Nieto, vienen incluidas nuevas reformas constitucionales, pues las tres implican -de acuerdo a lo que él y su equipo más cercano han declarado a los medios masivos de comunicación- un cambio importante en las atribuciones del Ejecutivo, el Legislativo, un órgano autónomo (IFAI) y, particularmente, en la relación de la Federación con los estados, así que es posible anticipar más reformas constitucionales y algunas directamente a algunos de los artículos ya señalados.
Es evidente que Peña Nieto planteó sus 3 reformas (crear una Comisión Nacional Anticorrupción; profundizar y ampliar la transparencia en todos los órdenes de gobierno y poderes constitucionales, y regular la contratación de publicidad en los medios de comunicación masiva) en función de los cuestionamientos que él recibió en su campaña y quiere arrebatarles las banderas a sus enemigos políticos; pero lamentablemente lo hace con respuestas parciales e incompletas y fundamentalmente mediáticas.
Lo verdaderamente impactante sería anunciar la construcción de una ruta para que durante su sexenio (o en la primera mitad de su mandato) se convoque a un Congreso Constituyente y, finalmente, se concreté la Reforma del Estado tan necesaria para iniciar la construcción de un régimen democrático, que hoy está totalmente ausente.
