PGR. Los participantes de la marcha 'En los zapatos del otro', convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, reunieron en febrero calzado de muertos y desaparecidos víctimas del narco frente a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa.
Son estadounidenses y mexicanos, víctimas de la delincuencia organizada en diversos estados del país. Son 24 hombres y mujeres cuyas familias esperan el mínimo indicio que les permita ubicar su paradero. Hoy cada uno forma parte de un archivo de la Procuraduría General de la República (PGR) que indica: estatus: "desaparecido".
A pesar de que la dependencia federal ha destinado un monto total de 55 millones de pesos en recompensas para localizar a estas víctimas, y aunque en algunos de estos casos ya han sido detenidos los presuntos responsables, no hay rastro que permita conocer el destino de estas personas. Su búsqueda continúa.
Detrás de cada expediente hay una historia sobre la forma en que operan los integrantes del crimen organizado en el territorio, quienes, impunes, sin importar la presencia de testigos o hasta a plena luz del día, despliegan sus células para perpetrar estos delitos.
EXTRANJEROS, ENTRE LAS VíCTIMAS Los estadounidenses Brian Hernández Arredondo y Jorge Eduardo Hiben Pimentel forman parte de esta lista de desaparecidos por miembros de la delincuencia organizada en la presente administración.
La PGR ofrece 10 millones de pesos como gratificación a quien proporcione datos que permitan la localización de estos jóvenes que junto a cinco amigos fueron privados de la libertad el 25 de septiembre de 2010 en el estado de Colima.
El grupo viajaba al puerto de Manzanillo cuando fueron interceptados por dos presuntos agentes de la Policía Federal.
Para el Ministerio Público, los estadounidenses y sus amigos -Roberto García Álvarez, Sergio Hernández Campos, Arturo Martínez Sánchez, Fernando González Arzate y José Carlos Novoa Ortiz- fueron secuestrados por delincuentes.
En el acuerdo que emitió la titular de la PGR Marisela Morales Ibáñez en enero de 2012, al ofrecer la recompensa para localizar a estos jóvenes, se detalló que "la trascendencia del caso radica en la desaparición forzada de las citadas personas y su privación ilegal de la libertad por presuntos integrantes de la delincuencia organizada".
Policías federales también están en la relación de víctimas. Desde el 16 de noviembre de 2009 se desconoce el paradero de un grupo de siete servidores públicos y del civil Sergio Santoyo García.
La última asignación que recibieron estos policías los llevó al municipio de Zitácuaro, Michoacán; desde ese día nada se sabe de ellos.
Aunque fue hasta diciembre del año pasado cuando la PGR hizo pública la recompensa de 10 millones de pesos que recibirá quien ayude a localizar al civil y a los policías Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime Humberto Ugalde Villeda y Víctor Hugo López Lorenzo.
No obstante que a 10 presuntos delincuentes del cártel de La Familia Michoacana los han detenido por este hecho, ha sido imposible para las autoridades saber dónde están las víctimas.
La Procuraduría General de la República reconoce que fue necesario ofrecer la gratificación "en atención al grado de violencia empleado por parte de la delincuencia organizada hacia las víctimas, en su mayoría servidores públicos que se desempeñan dentro del ámbito de la seguridad y siendo que dicha conducta no sólo afecta la integridad de aquéllos, sino que pone en peligro la seguridad de la sociedad en general".
OTROS CASOS También existe una gratificación de 10 millones de pesos como un intento para localizar a Elberth Espinosa Ferreiro, Marazuba Teresa Gómez Montes, Gustavo Campos Reyes y Vicente Macías Plata, todos ellos servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Durango, secuestrados el 29 de noviembre de 2010.
En este caso, aunque "se logró determinar la participación de diversos miembros de la delincuencia organizada, de los que en su mayoría están sujetos a proceso", con excepción de Luis Alfonso Guevara Güereca, "El Güero Balas", no hay pista de los funcionarios.
Maribel Martínez caminaba en compañía de otras personas frente al templo de La Inmaculada, en Uruapan, Michoacán, cuando fue secuestrada por varios sujetos a plena luz del día. Desde ese 24 de agosto de 2008, no hay indicios que permitan ubicar a esta secretaria del Ayuntamiento, a pesar de que cuatro de los presuntos responsables ya están detenidos, por lo que se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos.
La misma cantidad se ofrece para quien proporcione información que permita ubicar al ingeniero civil José Antonio Robledo Fernández, quien fue privado de la libertad el 25 de enero de 2009, en el municipio de Monclova, Coahuila, y aunque seis días después la PGR ejerció su facultad de atracción para investigar el caso, hasta ahora no hay resultados.
Uno de los primeros casos de este tipo por los que se ofreció recompensa de 5 millones de pesos y sigue vigente data del 8 de diciembre de 2007, cuando en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, el empresario de 70 años Alfonso Vigil Gómez y su secretaria Cristina Sánchez Bernal fueron secuestrados cuando viajaban por la carretera de Pinotepa con dirección a Acapulco, Guerrero.
Tampoco existen datos para ubicar al administrador de la Aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, quien desapareció el primero de junio de 2009 en el puerto, por lo que se gratificará con 10 millones de pesos a quien ofrezca información sobre su paradero y para ubicar a los presuntos responsables.
A cada una de estas víctimas, la siguen esperando.
