Una ley inequitativa
Nos dice la ley electoral que las campañas por la presidencia de la república no pueden comenzar antes de marzo de este 2012. Pero la verdad es que ya el país entero está en campaña. Esto es consecuencia de una ley electoral que resulta restrictiva, confusa e inequitativa. Lo peor de todo es que los políticos que hoy se quejan de ella fueron los mismos que la aprobaron en 2007.
La legislación electoral de nuestro país es un ejemplo muy notable de cómo cuando las leyes buscan restringir los actos que se realizan de forma natural, el resultado no es la eliminación de esos actos sino el surgimiento de otros de simulación.
Para un político que busca un cargo de elección popular, lo lógico es aprovechar toda oportunidad para promover su presencia y sus ideas. La ley, al buscar amarrar y amordazar a los aspirantes, lo único que ha conseguido es que las campañas se lleven a cabo por mil y un subterfugios.
La solución no es, sin embargo, añadir más restricciones sino abrir completamente el sistema. Debemos abandonar la idea de que hay algo malo en que los políticos promuevan sus propuestas. De hecho esa debería ser la función principal de quienes se dedican a la política.
La primera restricción que debe eliminarse es la que impide la compra de tiempos de radio y televisión para expresar ideas políticas. El gasto de los partidos políticos sigue siendo enorme, sólo que con las nuevas reglas se ha vuelto encubierto y corrupto. Lo que no puede tolerarse, por otra parte, es que los ciudadanos comunes y corrientes y las organizaciones no gubernamentales tengan prohibido contratar esos tiempos para expresar sus ideas. No debe haber restricciones para la expresión de ideas políticas ni en radio ni en televisión ni en impresos ni en Internet ni en anuncios espectaculares o de cualquier otro tipo.
Debemos abandonar la idea de que los funcionarios públicos o legisladores no deben hacer política. Esto lo hacen en cualquier lugar del mundo. La restricción debe enfocarse estrictamente al uso de recursos públicos para promover una causa política. Así ocurre en los países realmente democráticos.
Los esfuerzos por lograr una equidad absoluta en los procesos electorales han tenido como consecuencia una mayor inequidad. Ante las restricciones que hoy existen para la actividad política, sólo aquellos que ya son conocidos, especialmente a través de una función pública previa, tienen oportunidades de ser candidatos a cargos de elección popular. Un aspirante desconocido, sin acceso a los medios de comunicación, simplemente no tiene posibilidades de salir adelante. Los funcionarios o legisladores en funciones no tienen ni siquiera que gastar en promoverse. La simple cobertura que les genera su cargo les ofrece la plataforma para derrotar a cualquiera.
Entre 1977 y 1997 México tuvo seis reformas electorales. De una forma u otra éstas ayudaron a fortalecer la democracia en México y permitieron elecciones cada vez más competitivas. La séptima reforma, la de 2007, fue sin embargo un enorme paso atrás, que lo único que ha generado es corrupción y la manipulación de los procesos electorales por las mafias políticas del país.
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