En nueve días 12 mineros de Coahuila perdieron la vida en dos accidentes. A pesar de las condenas, las promesas y las propuestas hechas por las autoridades en los últimos años, lo cierto es que los mineros siguen trabajando en condiciones infrahumanas.
Sin Seguro Social, sin un sueldo justo, pero como única opción de vida, muchos habitantes de la región Carbonífera del estado continúan trabajando en los llamados pocitos.
Hace 6 años, el 19 de febrero de 2006, 65 mineros perdieron la vida en Pasta de Conchos, el derrumbe fue noticia nacional e internacional. La tragedia se llevó a la Arena Política, el entonces presidente de la república, Vicente Fox, se comprometió a castigar a los culpables de la negligencia, prometió una investigación así como reformas en las condiciones laborales de los mineros. Por su parte el entonces gobernador, Humberto Moreira, también alzó la voz, hizo muchas promesas a las familias de los mineros. Seis años después todo sigue igual, seis años después continúan los accidentes en las minas de Coahuila que datan desde hace más de cien años.
El último accidente se registró este viernes, cuando seis mineros quedaron atrapados tras una explosión provocada por el gas grisú, el cual por cierto ha sido la causa de la mayoría de los accidentes.
Tras la tragedia del pasado viernes la empresa Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), propietaria de la Mina VII de la Unidad Mimosa en Coahuila, en donde murieron seis trabajadores, aseguró que el derrumbe evidencia la necesidad de modificar la legislación para aprovechar el gas metano que se produce en las minas. Por medio de un boletín la empresa explicaba que es "urgente culminar la liberación económica del gas metano asociado al carbón, de manera que su extracción y aprovechamiento permita elevar sustancialmente la seguridad en los yacimientos de la región Carbonífera de Coahuila".
Esta medida es apoyada por el gobernador, Rubén Moreira, quien ha declarado que la desgasificación en la zona producirá seguridad que es lo que más importa, así mismo mejoraría el medio ambiente y la región no dejaría de ser una fuente de riqueza importante para sus habitantes; para el mandatario resulta una paradoja que para explotar una mina se tiene que sacar el gas, pero no se puede explotar.
También el gobernador ha propuesto que existe una mayor coordinación entre las autoridades del IMSS, las Secretarías de Economía, de Gobernación y de Energía, así como de Protección Civil para mejorar las condiciones de seguridad en las minas. Aquí la gran pregunta es por qué pasa el tiempo, las tragedias se repiten y las autoridades desde hace décadas no han hecho nada.
La propuesta para poder explotar el gas grisú la tienen atorada los legisladores, ¿por qué no hay coordinación entre las autoridades si debería ser su obligación tenerla?
Sin embargo, sobre la modificación a la Ley que permita e incentive la explotación del gas metano, la Organización Familia Pasta de Conchos, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), emitió un boletín este fin de semana donde hace hincapié en que "las empresas extractivas de carbón, están obligadas a cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene, lo que en términos morales y de una ética mínima y elemental significa, que deben invertir en la aplicación de tecnología existente para garantizar la vida de los mineros, por lo que no es aceptable, de ninguna manera y bajo ningún argumento, que se condicione dicha inversión a la obtención de ganancias", además recuerda que "el Congreso de la Unión, emitió un Punto de Acuerdo en julio de 2011, en el que entre otros exhortos, solicitó que antes de continuar las gestiones para el aprovechamiento del gas grisú, se emitiera una Norma de Seguridad e Higiene para los trabajadores que harían dichas labores, y solicitó además, que se hiciera una propuesta de inversión de las ganancias del aprovechamiento señalado. Sin embargo, este Punto de Acuerdo no ha sido atendido ni por las empresas interesadas, ni por el Gobierno Federal".
Nuevamente como hace 10 años, 6, una semana atrás, todas las voces se pronuncian por mejorar las condiciones de los mineros pero en la realidad las autoridades no les importa solucionar el problema o al menos eso evidencia su apatía, la cual data por décadas.
Vaya, ni siquiera la Secretaría de Economía tiene los inspectores suficientes para vigilar las condiciones en las que trabajan las minas, esto por cuestiones de austeridad lo cual resulta una incongruencia como lo ha denunciado en diferentes ocasiones el obispo de Saltillo, Raúl Vera.
El Centro de Reflexión y Acción Laboral, proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo A.C, con sede en el Distrito Federal desde hace varios años ha denunciado todas las irregularidades que hay en las minas en Coahuila donde a pesar de que la Secretaría de Trabajo ha emitido recomendaciones de cerrar diferentes minas de Coahuila, éstas continúan trabajando sin ningún problema.
De acuerdo a un informe emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la mayoría de las minas en Coahuila no cumple con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con salida de emergencia, además los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo como metanómetros, botas, lámparas, cascos, se fuerza la capacidad de las minas y el trabajo de los llamados "pocitos" es altamente inseguro.
El problema está por demás diagnosticado. Mucho se ha escrito sobre las precarias situaciones en las que trabajan los mineros, pero de nada servirá toda la tinta que se ha dedicado a denunciar estas anomalías si las autoridades no hacen algo para cambiar la ley y por ende sus condiciones de trabajo. Al mismo tiempo vale la pena preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para presionar a las autoridades y lograr esos cambios, la muerte de los mineros no puede sernos ajena, por el contrario todos debemos sentirnos indignados por que en pleno Siglo XXI algunas personas realicen trabajos en precarias condiciones las cuales califica el Obispo Vera de "esclavos".
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